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SUSCRIBITE El Gobierno presentará la semana que viene el proyecto que enviará al Congreso, y se espera un amplio debate sobre la intención de flexibilizar las condiciones de contratación y pago de indemnizaciones.
La iniciativa del Gobierno incluye un blanqueo laboral para que las empresas formalicen a los trabajadores que tienen "en negro", con una condonación para las contribuciones patronales no pagadas al menos durante los primeros seis meses.
También se promoverá la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores; y a los empleados "blanqueados" se les reconocerán 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria.
También se contempla hasta una redefinición del concepto de "trabajo", que a diferencia de la normativa vigente, pone en igualdad de condiciones al empleador con el asalariado.
Mediante la reforma tributaria ya estipula una reducción de las contribuciones patronales de 21 a 19,5% en forma gradual hasta llegar al nuevo piso en 2022.
Y según lo que se pudo saber, la iniciativa oficial apunta a flexibilizar el criterio de "ius variandi" que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado.
El Gobierno buscará también habilitar la creación por convenios colectivos de "bancos de horas" que, en definitiva, pondrán límites a las horas extra bajo el argumento de eficientizar los tiempos de actividad.
Para los trabajadores se extenderán las licencias por paternidad a 15 días para los hombres; por matrimonio, a 10 días; por muerte de cónyuge, padres o hijos, a 3 días, y de un hermano, a un día.
Y también habría una marcada reducción del cálculo indemnizatorio al quitar los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pagos no regulares.
Además, la actualización de los créditos laborales sometidos a juicios se hará mediante la variación del UVA (el utilizado para los créditos hipotecarios) y no más por la tasa del Banco Nación que utilizan los magistrados.
La posibilidad de iniciar demandas, que hoy prescribe a los dos años, terminará al año.
A su vez, los sindicatos y las empresas podrán negociar un Fondo de Cese Laboral, que funcionaría como un seguro de desempleo con aportes del asalariado, además del empresario, para su propio despido. Un mecanismo similar ya se efectúa en la industria de la construcción.