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SUSCRIBITE En el marco del Consejo de las Américas, legisladores oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de avanzar con cambios al actual esquema tributario argentino en el marco del "consenso" y sin "banderías políticas".
Al respecto, el economista y diputado de PRO Luciano Laspina dijo que la reforma fiscal que propondrá el Gobierno este año “será gradual en el tiempo”.
Asimismo, graficó que los principales problemas están en el campo de las tasas impositivas provinciales y municipales.
Además, destacó la peculiaridad de que en Argentina se cobran impuestos a los ingresos brutos y al cheque, tributos a los que los economistas consideran como factor de distorsión de los precios.
En este sentido, el senador Juan Manuel Abal Medina, quien forma parte del frente peronista Cumplir, se pronunció a favor de “pasar más a impuestos directos, con grandes acuerdos y consensos” en reemplazo de los tributos indirectos.
“Tenemos el doble de presión tributaria que había a mitad de la década del 70, y dificilmente la salud o la educación están el doble de bien”, subrayó quien fuera jefe de Gabinete del kirchnerismo.
A su vez, el senador peronista Rodolfo Urtubey coincidió en que cualquier discusión sobre este asunto “tiene que hacerse en el Congreso, porque implica a las provincias”, en referencia a que el de Ingresos Brutos es un tributo de origen provincial.
En coincidencia con Laspina, el senador por Salta propuso “aliviar la carga fiscal de los que producen, para que sea un propulsor del crecimiento”.
Por otra parte, delegados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pidieron en el Congreso de la Nación acelerar la sanción del proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria (foto).
La delegación, integrada por Patrick Moulette, William Loo, Ignacio Castillo Val, Paul Leder y David Green, miembros de la División Anticorrupción de la OCDE se reunió este jueves con legisladores de ambas cámaras.
Allí hicieron recomendaciones sobre el proyecto que prevé un nuevo régimen de penas para casos de corrupción que involucren a empresarios y a la administración pública.
Los delegados desayunaron en el Senado con el presidente del cuerpo, Federico Pinedo, y los jefes de los bloques de Cambiemos y del Pj-FPV, Angel Rozas y Miguel Pichetto, respectivamente, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
Al término de ese encuentro, que se desarrolló a puertas cerradas en el comedor de la Cámara alta, los representantes de OCDE, acompañados por Alonso, se entrevistaron en la Cámara de Diputados con la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) y sus pares, Margarita Stolbizer, Patricia Giménez, Silvia Lospenatto, Karina Banfi y Pablo Tonelli.
El proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Empresaria, ya aprobado en Diputados, debe ser tratado por el Senado, donde aún no cuenta con dictamen en comisión debido a los numerosos cambios que serían introducidos por los senadores, algo que obligaría a devolver la iniciativa en revisión a la Cámara baja para su sanción definitiva.
Alonso informó que en las reuniones de hoy "cada país miembro de OCDE aportó su experiencia a partir de la legislación” con que cuentan y se destacó “la importancia de generar incentivos claros para las empresas que hayan participado en actos de corrupción y quieran y puedan brindar información oportuna, útil y comprobable”.
Fuete: NA y Télam