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SUSCRIBITE En la continuidad del debate sobre el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, el titular del bloque PJ-FPV en el Senado, Miguel Pichetto, aseguró que habrá modificaciones para lograr "algo serio".
El legislador cuestionó duramente la sanción de la Cámara de Diputados de la mencionada ley, la cual calificó de "mamarracho" en algunas de sus cláusulas.
"Queremos hacer algo serio. Queremos mandar algo coherente que sirva para investigar", enfatizó el senador (foto).
El proyecto está apuntado a condenar a las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción.
Entre las reformas que se hicieron a la norma original se eliminó un artículo que permitía los acuerdos de colaboración con las empresas para que aporten información sobre actos de corrupción en el período kirchnerista.
Entre otras modificaciones al proyecto original se extendió la responsabilidad de las personas jurídicas a todos los delitos del Código Penal y se declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como el cohecho, la malversación de fondos públicos o el tráfico de influencia.
Pichetto objetó esas reformas en el marco de la Comisión de Justicia del Senado ante personajes como el fiscal Ricardo Sanz, los jueces de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques, Juan Carlos Geminiani y Mariano Borinsky.
Sobre la imprescriptibilidad, también cuestionada por el fiscal Sanz, el senador peronista señaló que es "un mamarracho" y "totalmente imprudente en términos institucionales".
Explicó que si se quiere lograr resultados más rápidos, con la declaración de imprescriptibilidad se estarían "consolidando procesos de 20 o 30 años". "No vamos a convalidar estos puntos", adelantó.
También criticó la aplicación del "principio de responsabilidad objetiva" cuando se considera culpable a la persona jurídica por la conducta dolosa de empleados que no pudieron ser identificados.
Además, planteó la necesidad de buscar un equilibrio para no poner en una situación de debilidad en el sistema penal a empresas que colaboran adoptando mecanismos anticorrupción.
El análisis del proyecto continuará la semana próxima con la participación de juristas y entidades vinculadas con actividades económicas y empresarias. Según fuentes parlamentarias, el dictamen correspondiente será firmado en la primera semana de septiembre.