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SUSCRIBITE Los diputados que representan al Gobierno fracasaron en su intento de lograr la media sanción del proyecto, ya que luego de aprobar en general la iniciativa, no hubo acuerdo con la oposición en la votación en particular de los artículos.
A causa de esto, se definió el pase a cuarto intermedio y la postergación del desenlace, al menos, hasta el miércoles de la semana que viene.
En una sesión especial plagada de confusiones y que al principio estuvo a punto de caerse (Cambiemos consiguió un quórum ajustadísimo), el oficialismo también desaprovechó la posibilidad de avanzar en la aprobación de la ley de excarcelaciones, que era el tema que continuaba en el orden del día.
La diputada Elisa Carrió, advertida sobre el abismo que separaba al bloque oficialista de poder cumplir con su cometido, fue quien propuso el recurso del pase a cuarto intermedio.
La discusión no sólo naufragó por el rechazo rotundo de l aoposición al artículo 37, que hubiera permitido que el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria se aplicara retroactivamente al caso Odebrecht para propiciar la "colaboración eficaz" de la empresa brasileña en el caso de las coimas que admitió haber pagado en la Argentina.
También fue rechazado en la votación en particular el artículo 1, que aborda la tipificación de los delitos, con 88 votos negativos y 86 positivos.
Además, el Frente Renovador está decidido a no dejar pasar el artículo 5, que exime a las empresas involucradas de pasibles sanciones penales.
El Frente para la Victoria, que casi logra su propósito de hacer caer la sesión al no sentar a sus diputados en las bancas, luego votó en contra de la ley en general.
En cambio, la bancada massista acompañó el general, pero luego se mantuvo férreo en el tratamiento particular del articulado, y terminó la velada con un sabor dulce de victoria.
La iniciativa de Cambiemos busca llenar el vacío legal que existe para la sanción de las personas jurídicas (empresas) que cometan delitos contra la administración pública, lo que permitiría avanzar penalmente sobre los funcionarios públicos que, por ejemplo, cobren coimas.
El proyecto del oficialismo estipula que las empresas podrán ser sancionadas con una multa que oscilará entre el 0,5 por ciento al 20 por ciento de "los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito".
Otras sanciones que se le podrían aplicar a la persona jurídica autora de delito son la suspensión provisoria o definitiva de la personería, suspensión de la actividad, patentes o marcas hasta 10 años, la imposibilidad de acceder a licitaciones, pérdida de subsidios estatales u otro tipo de beneficios, y la publicación total o parcial de sentencia condenatoria por dos días en dos diarios de circulación nacional.
A su vez, el texto señala que en los casos de "transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria", la responsabilidad de la persona jurídica será transmitida a la resultante o absorbente.
Sin embargo, la firma podría quedar exenta de castigo si suscribe un acuerdo de colaboración eficaz.
Durante el debate, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, cuestionó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, y aseguró que es una "tapadera" para eximir de sanción de empresas que pagaron coimas como Odebrecht.
"No queremos leyes que vengan con tapaderas de empresas, que hoy son un escándalo internacional. Tampoco queremos oficiar de tapadera de algunos funcionarios sospechados en los 35 millones de dólares que aparentemente han recibido en Argentina", asestó.
Camaño acusó al Gobierno de carecer de "vocación" para acordar un proyecto "como la gente", y anticipó que en esas condiciones la iniciativa "está condenada a morir en el Senado".
En la misma sintonía, su compañera de bancada Mónica Litza acusó al Gobierno de "no ir a fondo" con una legislación acorde porque "son parte de las empresas" a las que se pretende regular.
"El Gobierno no va a fondo con la responsabilidad penal de empresas porque son parte de las empresas. No tienen conflicto de interés porque son los interesados. Ir a fondo significa realmente que los empresarios y los funcionarios corruptos tengan un poquito de temor por esta ley pero este proyecto incluye multas ínfimas", cuestionó.
La kirchnerista María Emilia Soria definió la normativa propuesta como un "salvoconducto para Odebrecht" y calificó como un "descaro" que "bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción" se impulse un "instructivo para que las empresas puedan sortear sanciones penales".
"Más que una norma penal resulta un documento que le da a las grandes empresas y sus principales directivos que delinquen todas las herramientas para poder exonerarse de la pena y que el hilo se corte por lo mas delgado: el subordinado, el empleaducho, siempre y cuando sea el que ponga el gancho", advirtió la legisladora rionegrina, que cuestionó el criterio para evadir consecuencias penales a partir de acuerdos de colaboración eficaz o programas de compliance.
La presidenta de la comisión de Legislación de Penal, Gabriela Burgos, quien coordinó y encauzó el tratamiento del tema, atajó los cuestionamientos sobre una supuesta maniobra para otorgar un manto de "impunidad" a las empresas que delinquieron.
"Bajo ningún aspecto este proyecto pretende quitar la responsabilidad de funcionarios o empresarios que tuvieron que ver con actos de corrupción", aseguró.
Por su parte, la líder del interbloque Progresistas, Margarita Stolbizer, apoyó el proyecto, al que catalogó como un "avance" si bien aclaró que "no cubre totalmente las necesidades de un país con una corrupción sistémica".
El centro de las críticas giró en torno al artículo 37, que fue defendido a capa y espada por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli.
"Se ha criticado el artículo 37, pero desde mi punto de vista ese artículo es claramente beneficioso. Se refiere a la posibilidad que personas jurídicas celebren acuerdos por hechos anteriores a la sanción de la presente ley. Si no existiera este artículo los hechos de corrupción anteriores no podrían ser objeto de investigación, ni de sanción ni de acuerdo alguno, de manera que extiende la aplicación de la ley en términos administrativos", destacó Tonelli.
"Este artículo es un gran avance porque permite sancionar a los autores individuales participes de los delitos", agregó, aunque finalmente dicha claúsula de retroactividad fue rechazada en la votación en particular.
Fuente: NA