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SUSCRIBITE El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que los balances con los gastos oficiales de Mauricio Macri y Daniel Scioli no sean aprobados hasta que los partidos puedan "subsanar" las irregularidades marcadas por distintas auditorías.
Se trata de la primera vez desde 2007 en que la Justicia pone en duda las cuentas electorales de los principales partidos políticos en una campaña presidencial.
Según publicó un matutino porteño, Di Lello basó su decisión, presentada ante la jueza electoral María Romilda Servini, en las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral, que enumeraron decenas de inconsistencias en el financiamiento de la última campaña presidencial.
Los partidos respondieron reiteradas veces durante un año por esas faltas marcadas por los auditores, pero ahora Di Lello pidió suspender la asignación de fondos públicos hasta que puedan subsanar sus cuentas.
"Habiendo analizado los informes referidos, entiendo que las observaciones que se formulan no han sido subsanadas", señaló el fiscal en su dictamen.
Di Lello explicó: "Entiendo que no se han podido demostrar de forma clara y precisa el origen y destino de los fondos recibidos".
El fiscal hizo foco en los números presentados por el Frente para la Victoria (FPV) a nivel nacional, pero también objetó el balance del partido Pro nacional durante el año 2015 ya que, consideró, canalizó millonarios fondos de campañas entre los gastos ordinarios del partido.
Entre otras presuntas irregularidades marcó la existencia de falsos donantes, asesores fantasmas, aportes indirectos de empresas y actos multitudinarios sin declarar.
El fiscal también señaló a Compromiso Federal, cuyo candidato a presidente fue el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, por desajustes financieros en la campaña.
Mientras espera la decisión de la jueza Servini, Di Lello continúa con el análisis de las cuentas de la Alianza UNA (Sergio Massa-José Manuel de la Sota), que también fueron objetadas por los peritos de la Cámara Electoral, así como el Frente Progresista (Margarita Stolbizer), entre otras fuerzas.
En los hechos es difícil que la sanción propuesta por el fiscal se aplique ya que sólo se llevaría adelante si un fallo de Servini de Cubría queda firme.
La suma de dinero en juego de los fondos públicos que deberían percibir tanto el oficialismo como el kirchnerismo es superior a los 3 millones de pesos.
Fuente: NA