La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados aplazó el martes el debate del proyecto ante un pedido del oficialismo para tratar una iniciativa unificada en un plenario de comisiones.
sábado 21 de marzo de 2026
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SUSCRIBITE La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados aplazó el martes el debate del proyecto ante un pedido del oficialismo para tratar una iniciativa unificada en un plenario de comisiones.
"Es fundamental tener una nueva ley de defensa de la competencia es algo que el Congreso se debe hace mucho tiempo. Consideramos que el tratamiento conjunto es el camino que va a cumplir con el pedido de pronto despacho", opinó el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky.
Sin embargo, la comisión de Defensa de la Competencia, del Usuario y de la Competencia (presidida por la massista Liliana Schwindt), que es cabecera, no tiene previsto convocar de momento a una reunión plenaria.
Fuentes del massismo explicaron que el proyecto apunta a ordenar un aspecto de la macroeconomía y que por ende tendrá efectos más a largo plazo, en medio de una economía que precisa medidas de impacto más inmediato en el bolsillo de los consumidores.
En ese sentido, indicaron que la prioridad la debería tener otro tipo de proyectos como los que auspicia ese espacio: ley de Góndolas y la iniciativa para bajar el IVA a once productos de la canasta básica.
El proyecto unificado de Mario Negri y Elisa Carrió apunta a sancionar el abuso de posiciones dominantes en el mercado que tiendan a la cartelización de la economía.
La iniciativa, que la semana pasada había sido defendida en comisión por el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, propone la creación de una nueva autoridad de aplicación autónoma del Poder Ejecutivo que tendrá a su cargo la implementación de multas a las personas físicas o jurídicas que mediante conductas desleales de concentración económica que generen efectos distorsivos sobre la competencia.
En este marco, fija la obligación para aquellas operaciones de fusión o concentración que superen las 150.000.000 de Unidades Móviles de notificar previamente a la autoridad de aplicación, la cual deberá luego autorizar dicha operación.
El proyecto crea la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente, en el ámbito del Poder Ejecutivo y estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.
Se propone que los integrantes de la autoridad de aplicación sean designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición.
"La Autoridad podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas", señala el borrador del proyecto.
Además, indica que el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá decidir "la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta 5 años", en tanto que "si la infracción fue realizada en licitaciones públicas, la exclusión podrá ser de hasta 8 años.
A su vez, el proyecto contempla un "Programa de Clemencia" con beneficios de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran, "en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel".
La iniciativa prevé la creación de la Subsecretaría de Fomento a la Competencia, en el ámbito de la Secretaria de Comercio de la Nación.
Fuente: NA