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Lorenzino

Lorenzino festejó el freno judicial a la suba en los peajes de "La Provincia"

3 de marzo de 2017 - 16:01

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, defendió el fallo de la Justicia que dejó sin efecto el ajuste en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y la autovía 2, por entender que las subas no eran "razonables".

"El aumento de los peajes no es razonable, porque faltó participación ciudadana en el debate. La ley indica que hay que convocar a audiencia pública", remarcó el funcionario.

El jueves, la Justicia en lo Comercial de La Plata hizo lugar a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo y ordenó al Gobierno bonaerense dejar sin efecto las mencionadas subas de tarifas.

Así lo dispuso el juez Carlos Cattogio, a cargo del Juzgado Comercial 25 de La Plata, y ordenó retrotraer las tarifas que habían sufrido aumentos del 70% en las rutas que administra la empresa estatal AUBASA.

Los peajes habían sufrido aumentos promedio del 70% en las rutas que administra la empresa estatal AUBASA.

Al respecto, Lorenzino opinó que el Gobierno de la Provincia "debería aprender de los errores, sobre todo cuando inciden en el bolsillo de la gente".

El ajuste había sido autorizado por la administración provincial el 14 de febrero último, y llevaba la tarifa de automóviles de 45 a 75 pesos en los peajes de Samborombón, La Huella y Maipú, y a 35 en las estaciones intermedias de las rutas 2, 11, 36, 56, 63, 74 y 88.

En el caso de la autopista Buenos Aires-La Plata, la suba oscilaba entre el 25 y el 33%, pasando de 30 a 40 pesos en hora no pico y de 40 a 50 pesos en horario pico.

El magistrado hizo lugar al requerimiento presentado por el organismo conducido por Guido Lorenzino, y le exigió al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia como a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) el freno del aumento y que vuelva a los precios anteriores a la publicación de las resoluciones 78/17 y 79/17 modificada por resolución 82/17 hasta que haya una sentencia definitiva.

El pedido de la Defensoría se había centrado en la falta de audiencia pública para decidir el ajuste, la ausencia de argumentos para disponer la suba y el impacto directo que este nuevo cuadro tarifario supone para los usuarios de esas rutas.

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