La AGN se desmarca de la polémica por la deuda del Correo Argentino

Oscar Lamberto, Auditor General de la Nación, afirmó que su organismo no va a intervenir en el acuerdo entre el Gobierno y esa firma privada, al observar que no son los "adecuados" para esa tarea.

Esa fue la respuesta del organismo a las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien previamente había confirmado que el Ejecutivo le iba a solicitar a ese ente "un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva" sobre el polémico entendimiento.

"Esto es otro reaseguro extra, porque estamos absolutamente comprometidos en transparentar todo tipo de acción de Gobierno, sobre todo esto, para despejar dudas", enfatizó el funcionario en rueda de prensa desde la Residencia de Olivos.

Al respecto, Lamberto aclaró que ellos no son "el organismo adecuado" para esa tarea y señaló además que "el Gobierno tiene a la Sigen (Sindicatura General de la Nación) para este tipo de cuestiones".

"Suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo", opinó el auditor en una entreviosta con el sitio Infobae.

Por otro lado, Lamberto explicó que la AGN ya tiene un plan de auditorías establecidas para el 2017 que "no se puede modificar sin acuerdo del Parlamento" e incluso resaltó que "hubo casos en los cuales a pesar del acuerdo hay dictámenes legales internos que recomiendan la no intervención en estos casos".

La polémica se generó cuando la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquin rechazó una propuesta presentada por Correo Argentino SA para pagar una deuda que mantiene con el Estado nacional desde 2001, pese a contar con la venia del Ejecutivo nacional.

El conflicto parte de la obligación que la empresa, propiedad de la familia del presidente, Mauricio Macri, contrajo mientras tenía la concesión del Correo.

SOCMA obtuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, año en que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la concesión.

En el decreto, el Poder Ejecutivo Nacional subrayó que la empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año de concesión y que a 2001 la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones, que en ese entonces equivalían a 296 millones de dólares por la ley de convertibilidad.

La causa judicial por la deuda que la empresa mantiene con el Estado se inició en septiembre de 2001, momento en el que la firma entró en concurso de acreedores, es decir, cuando una empresa no puede cumplir con todos los pagos que adeuda.

Entre 2003 y 2015 el Correo Argentino realizó distintas propuestas que fueron rechazadas por el Estado nacional, que es el acreedor mayoritario (33% de las deudas).

En junio de 2016, ya con Macri como presidente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo.

Luego de una primera propuesta rechazada, los representantes del Estado aceptaron la segunda oferta presentada.

A raíz de esta polémica, el presidente Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien también solicitó la misma medida para Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Juan Carlos Mocoroa, y director de Asuntos Jurídicos de la cartera.

Según el requerimiento difundido por el Ministerio Público Fiscal, Zoni impulsó la acción penal ante el juez Ariel Lijo, a quien también le pidió las primeras medidas de prueba para investigar el acuerdo que tanta polémica generó en la última semana.

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