La OA empieza a investigar acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino

La Oficina Anticorrupción comenzó a analizar la condonación de deuda que hizo el Gobierno con la empresa de Franco Macri, para luego "emitir una recomendación" o realizar "aportes" a la Justicia en la investigación del hecho.

Así lo informó la titular del organismo, Laura Alonso, quien indicó que la OA debe abordar el tema porque la fiscal Gabriela Boquín, en su presentación en contra del acuerdo al que calificó como "abusivo", invocó la Ley de Ética Pública y su "presunta violación".

En declaraciones radiales, la funcionaria explicó que "obviamente, como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, se decidió abrir un expediente".

"Se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda y quizás pedir información a los funcionarios involucrados", subrayó Alonso.

Y agregó: "Como hacemos siempre, lo que haremos es estudiar el caso y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar quizás la Justicia en algún momento, porque entiendo que también se han presentado denuncias penales".

Con la participación de la OA, el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Estado nacional y el Correo Argentino -propiedad de la familia presidencial- llegó a una tercera investigación.

El último jueves se presentaron cuatro denuncias en contra del acuerdo en la Justicia Federal, que abrirá una investigación penal mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una por la vía administrativa.

La fiscal había emitido un dictamen en el marco del proceso que lleva adelante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para la homologación del acuerdo entre el Ministerio de Comunicaciones, en representación del Estado nacional, y la firma Correo Argentino por una deuda originada en el 2001.

Boquín detalló que en el entendimiento pudo haber conflicto de interés, ya que el Correo Argentino fue administrado por el padre del presidente Mauricio Macri hasta su reestatización en 2003.

Al respecto, Laura Alonso precisó que se resolvió abrir un expediente porque la fiscal hizo en su dictamen a una denuncia sobre una "presunta violación" de la Ley de Ética Pública.

En septiembre de 1997, durante la Presidencia de Carlos Menem (1989-1999) y a través de un proceso de concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, se realizó la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, conocida como Correo Argentino.

Así, la misma quedó en manos de una de las firmas del empresario italiano Franco Macri, padre del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Pero, en 2001, durante la crisis económica, la sociedad del grupo Macri que tenía la concesión del correo oficial entró en concurso de acreedores.

En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda de la familia Macri con el Estado, se firmó un decreto que rescindía el contrato de concesión del correo oficial.

En todo este tiempo, en el que también transcurrió la Presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda.

Para la fiscal Boquín, el acuerdo, alcanzado en junio de 2016 -con Mauricio Macri ya en la Presidencia-, implica "una quita velada del orden del 98,82 %", lo que "equivale a una condonación" de la deuda y, por tanto, debe considerarse "abusivo".

Según cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el acuerdo implicaría una quita de unos 4.000 millones de pesos ahora (256,24 millones de dólares) y cerca de 70.000 millones (unos 4.000 millones de dólares) si se aplican intereses hasta 2033.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, argumentó que se firmó ese acuerdo porque el crédito original a favor del Estado, de 292 millones de pesos (18,4 millones de dólares), se había desvalorizado completamente por la falta de acuerdo con las anteriores administraciones.

"Yo lo que dije es que tratemos de cobrar lo que queda, no perdamos todo el crédito, porque si seguimos demorando, esta deuda no existe más", dijo el funcionario, quien precisó que, por ley, no se pueden aplicar intereses sobre la deuda ni indexar el crédito.

En uan entrevista radial, Aguad graficó que el deudor no tiene recursos económicos y que, si se pide su quiebra, el Estado no podría cobrar nada.

En cambio, con el acuerdo alcanzado en el ámbito judicial, el deudor se compromete a pagar en quince cuotas anuales la deuda original, con la aplicación de un interés del 7%, lo que elevaría a 600 millones de pesos (37,9 millones de dólares) lo que podría cobrar el Estado.

Aguad dijo que el Estado es el principal acreedor del Correo Argentino, pero que hay otros 600 acreedores, de los cuales un 80% aceptó en el marco del concurso preventivo un acuerdo por el que cobrarán en 17 cuotas anuales, con una quita del 20% sobre el capital.

"Esta es una decisión que tomamos en el Ministerio de Comunicaciones. Nunca hablé con el presidente (Macri) de este tema, primero porque no corresponde -se trata del padre de él- y segundo porque sé la respuesta del presidente, de defender el patrimonio del Estado", subrayó Aguad.

El ministro indicó que está dispuesto a dialogar con la oposición, que objeta el acuerdo, para que le indiquen cuál sería la "alternativa" para "defender el patrimonio del Estado".

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