Ya es ley el proyecto sobre participación público privada en obras nacionales

El Senado aprobó con 43 votos a favor y 15 en contra la norma que estipula la presencia tanto del Estado como privados en diversas obras de infraestructura.

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La Cámara alta aceptó las modificaciones que hicieron los Diputados al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y lo aprobó en segunda revisión.

Los 15 votos en contra correspondieron a una parte del PJ-FPV y a Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, mientras que Mario Pais, también del PJ-FPV, y Lucila Crexell, del Interbloque Federal, se abstuvieron.

La norma establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura a relizar en sociedad con el Estado.

La misma dispone una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución.

Además, permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación "también puedan ser contratistas", en competencia con las de capital privado.

Los cambios realizados se refieren a que los contratos deberán contemplar un 33 por ciento de participación de bienes y servicios de origen nacional.

La sanción de esta ley había sido pedida por el Gobierno, que considera que funcionará como herramienta para atraer inversiones y emepzar a mover la economía a partir de 2017.

"Uno de los desafíos más grande que tenemos nosotros y el Gobierno es generar empleo y con ese motivo estamos acompañando la sanción de esta ley", manifestó el señador oficialista Alfredo Martínez.

El legislador festejó el hecho de que "el Senado introdujo 30 modificaciones y otras 30 Diputados".

Por su lado, el sanjuanino Roberto Basualdo (Interbloque Federal) describió que "la iniciativa refiere a uno de los hechos más importantes para la creación de empleo por parte del Estado" y pronosticó que ayudará a "la reactivación de la economía y la obra pública".

En cambio, Solanas enfatizó que esta "es una ley de la derrota nacional" porque "ratifica de nuevo el Estado bobo, aquel que se endeuda y se queda sin beneficios, solo con daños y con deuda".

"Es una ley típica de un país que ha venido profundizando el modelo de neocolonización y extractivismo económico", exclamó el senador.

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