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SUSCRIBITE Mariana Grosso, representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, indicó que los servicios de Edenor y Edesur "están en un pésimo estado" y pidió que el Gobierno tenga en cuenta el aspecto individual de cada usuario al fijar el nuevo esquema de facturación.
La funcionaria esgrimió que al establecerse una nueva tarifa para la energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Estado debería contemplar las condiciones socioeconómicas en las cuales viven los usuarios residenciales y no hacerlo sólo por consumo directo.
"Hay que tener presente el nivel socioeconómico de los usuarios, porque una mayor superficie de la vivienda no significa que esa vivienda registre mayores ingresos", sostuvo la representante de la Defensoría.
Al hablar en la audiencia pública llevada a cabo en el Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca, Grosso dijo: "el servicio se encuentra en un pésimo estado" y recordó que desde 2007 ese organismo viende advirtiendo al exministerio de Planificación Federal y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Grosso destacó que los resarcimientos para los usuarios afectados por cortes de electricidad imprevistos en los últimos años fueron pedidos por la Defensoría, por considerar que las empresas deben responder por "la mala calidad de sus servicios".
"Nuestra propuesta es que el ENRE debe recuperar sus función de órgano de control para garantizar una debida protección a los usuarios y para la normalización y el mejoramiento de los servicios de la energía eléctrica", expresó.
Y remarcó que el ENRE debería dictar dos regímenes sancionatorios: uno que reconozca las fallas extraordinarias en las redes eléctricas y otro con un sistema de estímulo y sanción para inversión.
"Ante los numerosos y reiterados reclamos ingresados al ENRE por parte de los usuarios nos parece acertado que las multas a las empresas tengan en cuenta los antecedentes", expresó la representante de la Defensoría.
Fuente: NA