Buscan implementar un mecanismo que complemente el Régimen de ART

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley Complementaria del Régimen sobre Riesgos de Trabajo, para corregir aquellas cuestiones que provocaron "situaciones inequitativas" en el sistema.

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El proyecto propone que la intervención de las comisiones médicas se configuere como la instancia de carácter "obligatorio y excluyente" de toda otra actuación, para que el trabajador afectado solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones en efectivo, antes de iniciar cualquier acción judicial.

La iniciativa indica que "se invita a las provincias a delegar en la Nación la sustanciación y resolución de los procesos administrativos propios de comisiones médicas jurisdiccionales vinculados a la reparación de las contingencias que deben ser cubierta incluyendo el recurso ante la Comisión Médica Central".

"El concepto de que la reparación de los infortunios laborales se enmarca en una relación obligacional de derecho privado entre el trabajador siniestrado, su empleador y su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, provoca una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la ley para asegurar reparaciones suficientes", explica la norma.

Según la Casa Rosada, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales.

Para revertir la situación, se buscará que las provincias -mediante su expresa adhesión al sistema y delegando las competencias necesarias- encomienden a la Nación la intervención obligatoria, previa y exclusiva de las comisiones médicas jurisdiccionales y el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central.

Asimismo, se considera que las falencias de la Ley actual están centradas en que, además de no contener una clara y justificada definición de la naturaleza federal del sistema de riesgos del trabajo, tampoco contó con la indispensable adhesión de las provincias, cediendo las competencias necesarias a tal finalidad.

Entre los fundamentos se cita que "las reformas normativas dictadas hasta la fecha no han sido suficientes pues no han logrado otorgar a ese cuerpo legal el estándar para que resulte jurídica, constitucional y operativamente sostenible".

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