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SUSCRIBITE Pequeños y medianos productores agrícolas de todo el país pidieron al Poder Ejecutivo "asistencia urgente" para paliar la difícil situación que están viviendo luego del mal clima registrado esta temporada.
Lo hicieron en el marco del debate para la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, que contó con la presencia de representantes de organizaciones campesinas e indígenas.
El objetivo es llegar a un consenso para la reglamentación de la Ley 27.118, denominada de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, promulgada en enero de 2015.
Durante el encuentro presidido por Oscar Alloatti, secretario de Agricultura Familiar, se describió la condición de miles de las familias rurales afectadas por inundaciones y sequías.
La cita sirvió para escuchar a enviados de las trece organizaciones campesinas e indígenas que integran el Consejo Asesor Nacional junto a funcionarios del Ministerio de Agroindustria, el INTA, SENASA y Unidad para el Cambio Rural (UCAR).
La propuesta de los organizadores fue dar un plazo de 30 días para que las organizaciones analicen el documento; luego el Consejo Asesor acordaría la redacción del Decreto Reglamentario para que el presidente Mauricio Macri pueda firmarlo en septiembre y el Congreso de la Nación adjudique el presupuesto correspondiente.
"Se hizo un trabajo serio por parte de los actuales funcionarios para recoger todas las propuestas realizadas por las organizaciones", valorando "el respeto al proceso de trabajo conjunto que se viene realizando para la reglamentación definitiva", expresaron desde el sector ruralista.
"Si bien los compañeros del litoral soportaron inundaciones sin precedentes, nosotros en el noroeste estamos sufriendo las consecuencias de una fuerte sequía que provoca mortandad de animales y pérdidas de cultivos", planteó Daniel Argamonte, indígena jujeño de la Red PUNA.
Asimismo, aclaró que desde Agroindustria no se recibió "ningún tipo de ayuda" dado que "están sin recursos y no tienen ni para el combustible".
José Luis Castillo, integrante de la Asamblea Campesino indígena del Norte Argentino (ACINA), propuso que se cumpla lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Agricultura Familiar que destina al sector un 20% del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria.
"Son unos 100 millones de pesos que nos corresponden por derecho", indicó el dirigente, sobre la resolución que podría llegar en julio.