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SUSCRIBITE El Estado nacional pidió al tribunal de segunda instancia de Nueva York validar la decisión del juez de distrito que levanta las restricciones para que Argentina pueda pagar sus compromisos de deuda soberana.
"Sin esta ratificación no puede haber acuerdos y los grandes progresos que se han hecho en los últimos meses caerán en saco roto", afirman los abogados del país, quienes presentaron en un escrito ante el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York.
En virtud del progreso de las negociaciones entre las partes involucradas en el litigio, Thomas Griesa decidió el pasado 2 de marzo levantar algunas de las medidas cautelares que impedían a Argentina pagar a los bonistas.
Ese levantamiento depende de la derogación de las leyes de Pago Soberano y Cerrojo por parte del Congreso argentino, instancia que ya tiene media sanción de Diputados.
Para los representantes legales de Argentina, las cautelares ya no son necesarias e incluso se han convertido en algo "contraproducente" que puede terminar siendo un "obstáculo grave" para resolver esta "agria disputa" con un acuerdo.
El equipo legal de Argentina recuerda al tribunal que mientras esas medidas sigan vigentes el país no puede acudir a los mercados internacionales para obtener la financiación que necesita para poder pagar a los litigantes.
En el escrito, que consta de 62 páginas, los abogados subrayaron "es un comportamiento inusual de alguien que ha alcanzando un acuerdo", respecto del pedido de los fondos buitres para que no se levante el stay.
El objetivo de los especuladores es "coaccionar para obtener mayores beneficios, o incluso peor, frustrar el acuerdo y volver a esta larga disputa", subrayó el letrado, Michael Paskin.
El oficialismo debe lograr la derogación de la leyes que bloquean el acuerdo con los holdouts antes del 14 de abril, fecha límite impuesta por Griesa.
Después de meses de negociaciones, el mediador judicial Daniel Pollack anunció el pasado 29 de febrero que se había llegado a ese principio de acuerdo que fija en unos 4.600 millones de dólares lo que Argentina deberá pagar a los principales fondos.