Macri se sacó de encima la causa de las escuchas ilegales

El Presidente de la Nación fue sobreseído por el juez Sebastián Casanello y dejó atrás el procesamiento que acarreaba desde hace cinco años y medio, cuando era todavía el jefe de Gobierno porteño.

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El magistrado firmó el martes el fallo en el que concluyó que no había pruebas que involucrasen al ahora mandatario en una asociación ilícita vinculada a una supuesta estructura de espionaje paraestatal del GCBA, con escuchas telefónicas ilegales.

El caso estalló en octubre de 2009 cuando el referente de la comunidad judía, Sergio Burstein denunció penalmente al líder del PRO por considerar que estaba siendo espiado por una red de espionaje clandestino.

"Las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Mauricio Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal", explica el fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Según la denuncia, Mauricio Macri, entonces alcalde de Buenos Aires, había encargado al jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, Jorge "Fino" Palacios, espiar a sus rivales políticos desde computadoras situadas en una agencia de seguridad controlada por el ex comisario.

El ahora presidente argentino había sido procesado en 2009 por el entonces magistrado encargado del caso, Norberto Oyarbide.

El resto de involucrados, entre ellos el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski, fueron enviados a juicio oral el año pasado, pero tras hacerse cargo de la causa, Casanello anuló el cierre de la investigación y pidió medidas de prueba adicionales sobre Macri.

El pasado 30 de noviembre Casanello dio finalmente por concluida la etapa de recolección de pruebas, poco más de una semana después de la victoria electoral que dio la Presidencia a Mauricio Macri.

El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, se había pronunciado ya a favor del sobreseimiento a principios de diciembre.

Según el fallo judicial del martes, los testimonios recogidos durante la investigación apuntan que, pese a estar a cargo del Gobierno porteño durante la etapa en la que ocurrieron los hechos, Macri desconocía el supuesto entramado de espionaje.

No se puede afirmar que Macri "había consentido y tolerado el accionar paraestatal de un grupo de personas unificado alrededor de la figura de Jorge Palacios", ya que "no podía consentir ni tolerar lo que no conocía", argumenta el juez.

"Lo afirmado hasta aquí, no sólo lo ubica en una situación de ajenidad respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno", explica el dictamen.

Para el magistrado, de la investigación se deriva que la responsabilidad de las supuestas escuchas a Burstein es de Palacios, sin consentimiento de Macri.

Por el contrario, las realizadas a Néstor Leonardo, excuñado de Macri, habían sido contratadas por Franco Macri, empresario y padre del presidente preocupado por la seguridad de su hija Sandra, pero a través de agencias de seguridad privadas, lo que "lo que diluye su responsabilidad".