Dictaron un embargo a activos de Chevron en Argentina por causa de contaminación

Un juez embargó hasta 19.000 millones de dólares en activos de la petrolera en el país por una causa de contaminación en la Amazonia, en Ecuador.

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Inmediatamente, Chevron rechazó las acciones legales tomadas en Argentina por un grupo de querellantes en el juicio.

James Craig, portavoz de la empresa, manifestó que todas las operaciones de Chevron en Argentina son realizadas por empresas filiales y que los demandantes "no tienen derecho a embargar activos de subsidiarias".

Dos tribunales ecuatorianos condenaron a la empresa matriz, Chevron Corporation, que según Craig no tiene activos en Argentina, a pagar 19.000 millones de dólares por daños ambientales.

Los abogados de los demandantes, que son habitantes de la Amazonía, intentan cobrarlos en el extranjero porque en Ecuador sus bienes ascienden a tan solo unos 200 millones de dólares, según sus cálculos.

Craig dijo que a los querellantes no se les debería permitir "perturbar la explotación por parte de Argentina de sus importantes recursos energéticos".

Chevron es el cuarto mayor productor de petróleo de ese país, con un bombeo de 35.000 barriles por día en 2011, así como seis millones de pies cúbicos de gas natural, según su página de internet.

El abogado de los demandantes en el país, Enrique Bruchou, reveló la emisión de la orden de embargo por parte de un juez argentino por los 19.000 millones de dólares.

El letrado explicó que la medida afecta a todas las acciones de Chevron Argentina, sus dividendos, a su participación en la firma Oleoductos del Valle (14 %), al 40 % de las ventas de petróleo de la compañía a las refinerías y al 40 % de sus fondos depositados en bancos de Argentina.

Los abogados de los demandantes indicaron que el magistrado argentino decretó el embargo a pedido de la Justicia ecuatoriana bajo la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares.

Chevron mantiene que la condena en Ecuador "es resultado de sobornos, fraude y es ilegítima", y que no es ejecutable "en ninguna corte que respete el estado de derecho", según Craig.

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