Recrudece la batalla entre la Casa Rosada y el Poder Judicial

El viernes, las oficinas del Ministerio del Planificación Federal, de YPF y de la empresa de energía Enarsa, fueron allanadas por orden del juez Claudio Bonadio, en el marco de una denuncia sobre la compra de gas licuado por parte del Gobierno.

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Los operativos judiciales llegan justo después de que el Ejecutivo nacional lograra desplazar al magistrado de la causa Hotesur, donde se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero que involucra al hijo de la Presidente, Máximo Kirchner, y al empresario K, Lázaro Báez

Funcionarios judiciales y efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron este viernes en la sede de la petrolera estatal en Puerto Madero, con la orden de allanamiento.

En paralelo, lo hicieron en el Ministerio que conduce Julio De Vido y en Enarsa.

En octubre del año pasado, los diputados de Pro Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso habían presentado una denuncia por "multimillonarias compras de gas importado" que se habrían realizado de manera irregular.

Los legisladores señalaron que "YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley" y, en consecuencia, exigieron "determinar si los funcionarios y asesores han realizado negociaciones incompatibles con su función".

La respuesta oficial corrió por cuenta del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien vociferó que en esta ocasión "hay allanamientos para todos y todas".

El allanamiento dispuesto por Bonadio (foto) se produjo luego de que el jueves la Sala I de la Cámara Federal decidiera apartarlo de la causa Hotesur.

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