Recrudece el conflicto en la Línea 60 de colectivos

Los choferes a cargo de ese servicio público cortaron en la mañana del martes el tránsito en el puente Pueyrredón (Avellaneda), para forzar la intervención del Gobierno en la disputa laboral con la empresa Monsa SA.

Los manifestantes no se descartaban otros piquetes en la Autopista Panamericana, a la altura de general Pacheco y también en Ingeniero Maschwitz.

Esta es la respuesta de los trabajadores luego del despido de unos 47 colegas hace, veinte días.

En la medianoche del lunes, policías de la División de Infantería cerraron en la calle Guanahani al 200 del barrio porteño de Constitución para impedir que los trabajadores de la línea 60 pudieran ingresar o salir de la cabecera de la línea.

La jueza María Romilda Servini de Cubría habría ordenado un desalojo de la cabecera porteña, sin embargo durante la madrugada ni los trabajadores ni sus abogados estaban notificados de esa resolución.

El conflicto de los choferes de la línea 60 con la empresa Micro Omnibus Norte SA (Monsa) afecta a unos 250.000 pasajeros desde el jueves 25 de junio.

Ese día, la compañía notificó los 47 despidos por las protestas que se habían generado tras la anterior cesantía de otro trabajador.

En respuesta, los choferes decidieron no cobrar boleto en reclamo de la reincorporación de uno de sus compañeros que, según ellos, fue echado sin motivos.

Un día después, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó a la empresa reincorporarlo, pero cuando el empleado se presentó a trabajar le prohibieron la entrada y además enviaron 50 telegramas más de despido.

El delegado general de los colectiveros, Hugo Schwartz, reclamó "la intervención del gobierno nacional", luego de más de dos semanas de protesta.

Schwartz ratificó la necesidad de "urgente intervención" del Gobierno nacional y esgrimió que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transporte tienen "en sus manos la posibilidad de resolver el problema, porque de la empresa solo se puede esperar afán de lucro y desconocimiento de los derechos laborales".

Al respecto, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sentenció que "la Justicia debería poner las cosas en orden" en cuanto a la disputa gremial.

"Es una discusión de cómo se administra la empresa, la Justicia debería poner las cosas en orden", afirmó el funcionario.

Fernández consideró que el conflicto de la línea que hace el recorrido Constitución- Tigre se suscita desde el momento que firma la adquiere otra empresa y "los empleados" hacen el reclamo en el contexto de "la estructura del manejo de la empresa", por lo que considera que el sistema jurídico debe resolver la cuestión.

"El conflicto es (con los trabajadores por) haber participado de la administración y hoy se los está excluyendo", añadió.