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ANSES

Si ANSeS paga todos los reclamos jubilatorios se provocaría un déficit operativo

6 de noviembre de 2012 - 17:47

La Administración Nacional de Seguridad Social reconoció ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia que esa sería la consecuencia si tuviera que hacer lugar a los 240 mil reclamos judiciales de jubilados y pensionados por reajustes de haberes, ante la falta de fondos para atender ese reclamo. 

El propio titular del organismo previsional, Diego Bossio, hizo esa declaración en una reunión que mantuvo con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes lo citaron para que diera su explicación ante el no reajuste de haberes jubilatorios. 

El Director Ejecutivo del organismo concurrió ante el Máximo Tribunal de la Nación para ampliar la información presentada el 10 de agosto pasado.

En su alocución, el funcionario admitió que cumplir con los fallos "Badaro" y "Eliff", que dispusieron la movilidad de las jubilaciones, implicaría un déficit operativo, y se debería recurrir al Fondo de Sustentabilidad para afrontar los costos.

Ante preguntas de los jueces de la Corte, el funcionario expresó que todo el dinero que ingresa a la ANSeS "se gasta" en prestaciones.

También habló sobre la alta litigiosidad que afecta al fuero de la Seguridad Social, en donde hay en trámite unas 240 mil causas, y al no haber reajuste jubilatorio se incrementa a diario el número de demandas. 

Ante este panorama, los jueces de la Corte se comprometieron a formar un equipo de trabajo para buscar mecanismos que bajen el nivel de litigiosidad.

El organismo previsional sugirió poner "límites" a la cantidad de causas que se tramitan, y en ese sentido que se ponga fin a la gratuidad de las demandas (ello porque no se pagan tasas judiciales por este tipo de reclamos) y la caducidad de plazos (dos años a partir del momento en que se accede a la jubilación).

Ahora, los jueces de la Corte le correrán vista a la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad para que se notifique de la respuesta de la ANSeS y emita su dictamen. Por lo pronto, la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver si el Defensor del Pueblo de la tercera Edad tiene legitimación para iniciar el trámite.

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