Impsa podría acceder a un rescate estatal

La ministra de Industria, Débora Giorgi, confirmó el miércoles que el Gobierno analiza intervenir en favor de la empresa del Grupo Pescarmona, que se declaró insolvente ya que no podrá afrontar mañana sus vencimientos de deuda.

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La funcionaria precisó que el Ejecutivo podría aportar algún tipo de aporte de capital a la empresa controlada por Enrique Pescarmona, para alejar la posibilidad de una quiebra.

El rescate se dará "en tanto y en cuanto se preserven los intereses del Estado y los 1.700 puestos de trabajo" que la firma tiene en la Argentina, aclaró la titular de la cartera productiva.

En declaraciones radiales, la funcionaria reveló que junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y otras áreas de la administración central, se está trabajando "codo a codo" desde hace tiempo con la empresa de Pescarmona para evitar su bancarrota.

"Estuvimos trabajando y vamos a tratar de ayudar, como hacemos siempre, a las empresas para mantener sus puestos de trabajo y su calidad productiva. Pero también siendo la defensa de los intereses del Estado en el aporte que haga, siendo par de los otros posibles acreedores que pueda tener la empresa", indicó.

Giorgi remarcó que IMPSA posee inconvenientes financieros ya hace 2 años, con lo que el escenario actual no tiene nada que ver con la entrada de Argentina en default.

"No tiene nada que ver con la jugarreta de (juez, Thomas) Griesa y los holdouts", afirmó la funcionaria después de que se ligara la situación de la compañía al "default selectivo" en el que cayó el país el 31 de julio pasado.

En un escrito ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía sostuvo que "se ve en la necesidad de posponer el pago de intereses correspondientes a la fecha de pago del 18 de septiembre de 2014 de sus Obligaciones Negociables Clase X y de sus Obligaciones Negociables Clase XI".

La empresa no podrá hacer frente a un pago de intereses previsto para ese día por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares.

La metalúrgica de Pescarmona, la mayor proveedora argentina de soluciones para generación eléctrica a partir de recursos renovables, es la primera empresa en declarar el incumplimiento en los pagos de sus obligaciones tras el default técnico en el que fue puesto el Estado nacional el 30 de julio.