EL CIADI sancionó a Argentina por estatizar una empresa

El Estado nacional fue condenado a pagar unos 43 millones de dólares en concepto de indeminización a inversores nacionales y extranjeros por la nacionalización de la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en 2010.

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El fallo correspondió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) -tribunal de justicia del Banco Mundial-, luego del litigio que iniciaron los inversores que controlaban la concesión de la firma.

El Tribunal arbitral eligió "condenar a la República Argentina por un monto de u$s 39.990.111 a favor de Saur International", además de las costas (unos u$s 686.500) y gastos de defensa de la demandante (casi 1,5 millón de euros).

El CIADI dictaminó una compensación por daños generados a través de la "violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (APPRI)", de acuerdo al fallo.

La expropiación de la inversión estuvo marcada por un "trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur", reflejó el organismo, aunque descartó el tercer argumento de los litigantes, que consistía en la violación de la "protección y seguridad".

Ante la perspectiva de sentencia desfavorable, la Procuraduría del Tesoro de la Nación apeló el monto a pagar, que equivale a desembolsar casi un tercio de la demanda inicial presentada en septiembre de 2004, igual a unos u$s 144 millones.

De todas maneras, el Tribunal consideró una "expropiación directa" de una inversión equivalente al 32,08% del capital social de la empresa, más dividendos y derechos como operador, además de la participación accionaria de Saur en la empresa, equivalente a unos u$s 20,6 millones.

En el resumen de la sentencia, los jueces observaron que conceder u$s 39,99 millones "es una cifra a todas luces razonable, teniendo en cuenta que es algo más de la mitad de lo que invirtió 15 años atrás".

Por ello, el Tribunal del Banco Mundial condenó a la República Argentina a pagar en total u$s 40.676.611 y 1.486.975,13 euros entre capital, intereses y costas, ajustable al 6% anual informó el diario Los Andes.

El 27 de septiembre de 2010, el entonces gobernador Celso Jaque rescindió el contrato a la empresa y la Legislatura aprobó la creación de Aysam Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), lo que motivó el juicio en el CIADI que ambas partes arrastraban desde 2003.

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