Siete de cada diez empresarios mencionaron que la litigiosidad laboral frena inversiones y una proporción mayor afirmó que es un freno a la creación de puestos de trabajo.
miércoles 15 de enero de 2025
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SUSCRIBITEEste factor es una traba para la creación de puestos de trabajo.
Los inconvenientes que ahuyentan las inversiones privadas.
Siete de cada diez empresarios mencionaron que la litigiosidad laboral frena inversiones y una proporción mayor afirmó que es un freno a la creación de puestos de trabajo.
Los datos surgen de una investigación de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), a solicitud de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
El informe constató que para el 70 por ciento de las firmas, los juicios laborales son una traba para los procesos de inversión y el 74 por ciento esgrimió que impide la generación de empleo.
La muestra tomó en cuenta la opinión de 5.048 empresas y fue realizada entre 7 de octubre y 21 de noviembre.
“La información obtenida viene a confirmar objetivamente con números la amplia opinión de empleadores de diversos tamaños respecto del peso de los juicios laborales en la decisión empresarial", advirtieron los autores del estudio.
Y aclararon: "La conclusión obtenida reafirma que la cuestión es hoy un obstáculo crítico que entorpece el desenvolvimiento del enorme potencial productivo del país”.
Según la UART, “la investigación confirma que la incidencia de la litigiosidad laboral en inversión y crecimiento y en creación de nuevos puestos de trabajo tiene un mayor peso específico en empresas 1) de hasta 50 trabajadores, principales generadoras de empleo y 2) en el interior del país”.
En tal sentido, alertó "que en 2024 se estima el ingreso de 128 mil nuevas demandas solo por riesgos de trabajo (9% más que en 2023), a las que se suman las vinculadas a las causas laborales (como despidos)".
Asimismo, graficó que “la Población Económicamente Activa de nuestro país, alcanza 23 millones de personas".
"De las cuales únicamente 10,2 millones tienen un empleo formal en relación de dependencia y otros 3 millones son trabajadores independientes registrados”, subrayó el informe.
E ilustró: “Por lo tanto, hay 10 millones más de personas que trabajan en la informalidad, privadas de coberturas de riesgos, obra social y sin realizar aportes al sistema previsional, lo cual también genera un enorme impacto presente y futuro".
"La amenaza judicial torna casi imposible su ingreso a la formalidad”, concluyó UART.