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SUSCRIBITEDiputados del radicalismo se reunieron con funcionarios nacionales para elaborar una estrategia parlamentaria.
La reunión entre la UCR y el Gobierno nacional en Casa Rosada.
Un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezados por el presidente del bloque en Diputados, Rodrigo De Loredo, se reunió el jueves con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
El objetivo del encuentro fue la definición de los detalles correspondientes al proyecto de reforma laboral.
“La reunión fue positiva. Vinimos a cumplimentar con algo que se inició la segunda etapa del diálogo por la Ley Bases, que está más acortada y acordada de lo que fue el proceso que terminó trunco”, manifestó De Loredo en Casa Rosada.
El presidente del bloque de la UCR en Diputados expresó: “Tenemos diferencias con el estilo del Gobierno y con prioridades que ellos no comparten, pero en lo que sí tenemos coincidencias es cambiar una situación que nos trajo hasta acá. La Argentina necesita imperiosamente una reforma laboral”.
Con relación a las similitudes del proyecto que acercó la UCR respecto al decreto que había enviado al Congreso el presidente Javier Milei, la nueva iniciativa ratifica “la eliminación de las principales multas del empleo, que encarecen y generan una gran litigiosidad”.
En tanto, también mantiene la idea de la “esencialidad de determinadas actividades”, como es el caso de la actividad docente.
En este sentido, desde el bloque radical proponen un “equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho a determinadas prestaciones que el ciudadano tiene derecho a acceder”.
Además del presidente del bloque radical, estuvieron presentes los diputados Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay. Participaron además los senadores, Pablo Blanco y Eduardo Vischi.
También formaron parte del conclave el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados.
Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.
2. Libertad sindical: Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical.
3. Educación como servicio estratégico esencial: Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
4. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas.
Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.
5. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
6. Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política.
7. Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.
8. Período de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.