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SUSCRIBITELa requisitoria fue hecha por el asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mario Javier Agustín Oyarzábal.
El reclamo presentado ante el TIDM.
Argentina pidió en el Tribunal Internacional del Mar (TIDM) el cese de las actividades de las empresas a las que el Reino Unido otorgó licencias para la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
El Gobierno remarcó que esos permisos fueron concedidos "unilateralmente" y de una forma que agrava la disputa por la soberanía del archipiélago.
El asesor legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, Mario Javier Agustín Oyarzábal, afirmó que su país buscó reiteradamente la cooperación con el Reino Unido, pero "en lugar de cooperar, concedió licencias de exploración de forma unilateral".
Asimismo, recordó que las partes firmaron en 1995 una declaración conjunta sobre cooperación en materia de actividades marítimas en el Atlántico suroeste, pero argumentó que el Reino Unido se alejó del sentido de la misma, ya que las licencias concedidas, incluido en el yacimiento Sea Lion, agravan el litigio que británicos y argentinos protagonizan por las islas.
"Hacen falta dos para bailar un tango, pero el Reino Unido prefiere bailar solo", aseveró Oyarzábal en la apertura de la vista oral del tribunal internacional que tiene su sede en la norteña ciudad alemana de Hamburgo.
También expuso que las medidas británicas, por su carácter unilateral, atentan contra la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, la cual insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las Malvinas.
El profesor Marcelo Gustavo Kohen esgrimió que el TIDM es competente para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina para detener el inicio o la continuación de proyectos petroleros autorizadas por el Reino Unido cerca de la costa de las Malvinas mientras no haya una decisión definitiva sobre la soberanía.
La demanda de medidas provisionales urgentes de Argentina, "no requiere en modo alguno una decisión sobre a quién pertenecen las islas, ni sobre cuál de las partes es el Estado ribereño", pues de lo que se trata es de evitar cualquier "alteración irreversible de la plataforma continental en disputa" además de "prevenir nuevas actuaciones susceptibles de agravar la controversia", afirmó.
Las autoridades de Reino Unido han concedido media docena de licencias para la explotación de hidrocarburos el suroeste del Océano Atlántico, incluido en el yacimiento Sea Lion, situado a unos 200 kilómetros al norte de las islas Malvinas.
A finales de 2025, la autoridades británicas aprobaron el proyecto Sea Lion, operado por la petrolera israelí Navitas (65%), de la que también es socia la británica Rockhopper (35%).
Sólo en el área de este proyecto, las empresas estiman que hay el equivalente a un total 1.700 millones de barriles de crudo.
Argentina explicó que la urgencia de las medidas provisionales solicitadas tienen que ver con el inicio de las operaciones de extracción previstas para principios de 2027.
El profesor emérito en Ley Internacional de la Universidad Leiden, Nicolaas Jan Schrijver recalcó que, de no frenarse los proyectos, las perforaciones y la explotación presentarán "un hecho consumado" y causarán "un perjuicio irreparable a los derechos de la República Argentina bajo la CONVEMAR".
"Mientras hablamos, se están llevando a cabo preparativos con la participación de diversos contratistas para transportar plataformas petroleras, otros materiales y equipos especializados al sitio de producción, perforar los pozos de desarrollo y, posteriormente, instalar infraestructura en el lecho marino y en la columna de agua, en definitiva, preparar el sitio de producción", dijo.
La plataforma continental, argumentó, fuente misma de los recursos de hidrocarburos, "resultará modificada de forma permanente y, más aún, esta modificación es irreversible, cualquiera que sea el resultado de la controversia pendiente entre Argentina y el Reino Unido, y el resultado del proceso de descolonización".
Schrijver sostuvo que el potencial perjuicio medioambiental es importante, ya que la Declaración de Impacto Ambiental de 2025 del Reino Unido "reconoce una probabilidad superior al 90% de que, en caso de producirse un derrame mayor desde el buque de producción flotante, el crudo alcanzaría aguas internacionales, con residuos parafínicos extendiéndose potencialmente hasta 220 kilómetros al norte del sitio de producción".
"Y en el supuesto de un reventón o descontrol de pozo, el estudio pronostica que el hidrocarburo podría desplazarse hasta 260 kilómetros en un plazo de 10 días, alcanzando en apenas 7 días y medio el límite exterior de la plataforma continental reclamada por el Reino Unido alrededor de las islas", exclamó.
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