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El peso del Estado sobre las empresas privadas.
El Gobierno derogó la Resolución 65 del 11 de mayo de 1990 que ordenaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación.
Lo hizo mediante la Resolución 226/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada en el Boletín Oficial.
La instancia que fue dejada sin efecto exigía presentar datos de los cinco clientes principales.
También se derogó la Resolución 62 del 26 de junio de 2013 que indicaba que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los CEDIN (títulos que fueron emitidos para un blanqueo que permitía inversiones en el mercado inmobiliario) originados en la Ley 26.860 debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción.
En la misma línea se derogó la Resolución 176 de 2014 que obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio.
“Ya son 72 las normas eliminadas que impulsaban un rol estatal intervencionista”, ilustraron desde la Secretaría de Comercio.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó el trabajo de la cartera gubernamental en ese aspecto.
Al respecto, subrayó que “casi con perversidad, el Estado argentino exigía a empresas a mandar planillas y planillas de información inútil de la que hoy cientos de empresas quedan liberadas”.
“Vamos completando lo comenzado con el DNU-70/23, que derogó la ley de abastecimiento y góndolas y que en enero derivó en la resolución 51/24 que ya había derogado cientos de regímenes informativos y normativa inútil”, resaltó el funcionario.
El ex titular del BCRA exclamó que “la Secretaría de Comercio, otrora el símbolo del apriete y la extorsión, hoy se convierte en paladín de la libertad que propone el presidente”.