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La disputa judicial por la modernización de la legislación correspondiente al mercado laboral.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como amicus curiae.
Lo hicieron en apoyo a la reforma laboral incluida en el Título IV Trabajo del DNU 70/2023.
"A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la CSJN, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina", manifestó CAME en un comunicado.
La entidad señaló que "los artículos detallados dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las PyMEs con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar".
"Las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto", graficó.
En el escrito presentado ante la Corte Suprema, "medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente".
"La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y Coninagro es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo", según el comunicado.
La Unión Industrial Argentina (UIA) había anunciado en enero que sería "amicus curiae" (amigo del tribunal) por la suspensión de la modernización de la legislación laboral en las causas presentadas por la CGT y la CTA.
De esta manera, la central fabril salió a defender la reforma laboral contemplada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual el Gobierno busca desregular la economía.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo laboral de ese DNU a partir de amparos presentados por las centrales obreras.
"La UIA considera que la modernización de la legislación laboral propuesta se adapta a las nuevas realidades de empleo", esgrimió la entidad empresaria, en un comunicado.
Además, subrayó que "las reformas planteadas sientan las bases para que las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles, una vez que se materialice la recuperación económica".