El Gobierno nacional renovó el contrato con el estudio Sullivan & Cromwell, que defiende al país en los Estados Unidos en una serie de litigios clave.
viernes 03 de abril de 2026
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SUSCRIBITELa solicitud de extensión fue realizada por la Procuración del Tesoro.
La representación legal del Estado nacional en los tribunales neoyorkinos.
El Gobierno nacional renovó el contrato con el estudio Sullivan & Cromwell, que defiende al país en los Estados Unidos en una serie de litigios clave.
Se trata del juicio por la nacionalización de YPF y los reclamos por el mal cálculo del cupón PBI.
La medida se efectivizó a través de la Resolución 1352/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
La solicitud de renovación la realizó la Procuración del Tesoro.
La norma solicita al estudio que envíe sus condiciones de contratación que de antemano serían aceptadas.
El estudio Sullivan & Cromwell LLP defiende a la República Argentina en los siguientes procesos judiciales:
_Litigios en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relacionados con casos que versan sobre los valores que prevén pagos vinculados al Producto Bruto Interno (“PBI”).
_Litigios en la jurisdicción de los Estados Unidos de América derivados de la expropiación del capital accionario mayoritario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima (YPF SA).
Sullivan & Cromwell tiene una división especializada en Latinoamérica y tiene un costo aproximado de US$ 1.800 por hora.
A principios de septiembre, la jueza estadounidense Loretta Preska rechazó otro pedido de Argentina en el litigio por la nacionalización de la compañía en 2012.
La magistrada neoyorkina resolvió no hacer lugar a una solicitud presentada por el Estado nacional relativa a la entrega de información sobre ciertos activos del país.
La información sobre esos activos había sido solicitada por los demandantes en el juicio con vistas a ejecutar una millonaria sentencia a su favor.
Argentina había pedido que el requerimiento de datos se limitara exclusivamente a activos potencialmente ejecutables, solicitud que la jueza Preska finalmente rechazó.
La magistrada del Distrito Sur de Nueva York ya había rechazado la semana pasada otra moción presentada por el Gobierno nacional para que Preska reconsiderara su orden, emitida el pasado 29 de julio, para que el país entregue comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y ex funcionarios relativas al caso YPF.
Todas estas órdenes se dictaron como parte del denominado 'discovery' (descubrimiento), un procedimiento judicial que implica la presentación de documentación orientada a ejecutar una sentencia a favor de la firma inglesa Burford Capital y de la estadounidense Eton Park en el juicio por la nacionalización de la petrolera.