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Modernización de la Ley del Trabajo

¿Cómo pretende Javier Milei romper con la industria de los juicios laborales?

Algunos empresarios piensan al empleado no como una solución sino como una gran contingencia. A través del DNU, el Gobierno pretende desalentar la proliferación de los juicios laborales. El detalle.
Por Martín Castellet 18 de enero de 2024 - 17:09

Con el dictado del DNU 70/23 el Gobierno de Javier Milei incorpora normas que sin lugar a dudas tienden – entre otros propósitos – a impedir la propagación de la industria del juicio y la especulación que gira en torno a ello.

En la medida que el decreto presidencial no entre en vigencia, el actual conjunto de normas mantendrá regulaciones que para nada colaboran con el balanceo de los vínculos laborales propiciando, en algún punto, condiciones que efectivamente desfavorecen la posición económica y jurídica empresarial.

Es costumbre para los abogados que comparten momentos de trabajo con empresarios escuchar la preocupación y el temor que les genera contratar empleados nuevos. Tal es así que muchas veces piensan al empleado ya no como una solución o un colaborador sino como una gran contingencia.

El DNU permite pensar al trabajador como una solución.

En efecto, el DNU 70/23 contiene una serie de disposiciones que favorecen y que entusiasman al sector empresarial a contratar nuevos colaboradores. En ese sentido es factible destacar diversos institutos legales que, en caso de ser reformados por el DNU, constituirán una tranquilidad para el empresario argentino ya que devaluarán la industria del juicio.

La falta de registración laboral ya no constituiría un beneficio económico que podrá ser utilizado a favor del empleado.

Por imperio de las leyes 24.013, 25.323 y otras, cuando el empleador registra deficiente o irregularmente al empleado (ejemplo: no registración de la fecha real de ingreso del empleado; registración incompleta de la jornada laboral; etc.) aquél el empleador / empresario resulta pasible de la aplicación de una serie de multas que lo perjudican considerablemente.

En consecuencia, cuando un empleado es desvinculado de una compañía y se inicia un proceso de reclamo económico, se verifica una costumbre mediante la cual en su liquidación final aquél (con el asesoramiento de sus abogados) además de incorporar como rubros indemnizatorios los previstos por la ley de contrato de trabajo, adiciona los provenientes por la ley 24.013, 25.323, y demás, duplicando prácticamente el monto total del crédito laboral.

Ahora bien, estas multas constituyen – en realidad - créditos a favor del erario público puesto que su aplicación tiende a subsanar económicamente al órgano de recaudación por todos los aportes y contribuciones que éste no ha percibido como consecuencia de una registración irregular o deficiente del empleado.

A pesar que las multas provenientes de una registración irregular no constituyen un crédito para el empleado, sí son tomadas en cuenta por los abogados a la hora de practicar la liquidación final del trabajador reclamante robusteciendo el importe a pagar por el empresario y produciendo en éste un efecto casi intimidatorio.

La solución que incorpora el DNU.

Con relación a la aplicación y destino económico de las multas el DNU viene a poner las cosas en su lugar.

Por supuesto, el trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la Autoridad de Aplicación, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o ante las autoridades administrativas locales, pero en el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora de las obligaciones de seguridad social dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que ha quedado firme y consentida la sentencia.

Esta incorporación en el artículo 7 de la ley 24.013 prevista en el DNU produce un cambio sustancial en este sentido.

En la actualidad (hasta tanto no entre en vigencia el DNU) los montos reclamados en virtud de las multas están presentes en los reclamos laborales, en las tratativas de negociación que se llevan a cabo entre empleado y empresario, integran el monto judicial de la sentencia condenatoria como si fuera un crédito del empleado.

El DNU, indudablemente, pone coto a esta circunstancia disponiendo expresamente que el juez deberá comunicar al órgano recaudador la existencia de una sentencia que fije tales multas. Esto significa que ante un eventual acuerdo laboral, o sentencia judicial, el empresario (empleador) ya no abonará tales importes al trabajador (pudiendo éste disponer su destino), sino que – en todo caso – se encontrará obligado a hacerlo directamente a la autoridad de aplicación respectiva.

Una Breve Reflexión.

Esta incorporación normativa conjuntamente con otras, que se encuentran comprendidas en el DNU, impactan y desalientan la proliferación de los juicios laborales.

Los montos correspondientes a los rubros de multas que hasta la actualidad “engordan” los montos de liquidaciones laborales y – consecuentemente – la expectativa de honorarios de los abogados laboralistas, no tendrán como destino final el incremento patrimonial del empleado, sino que serán destinadas al órgano de recaudación respectivo.

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