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SUSCRIBITE El DNU 70/23 amplía la vigencia del período de prueba de tres a ocho meses.
Hace años que Argentina se debe un debate sincero, profundo y honesto para modernizar la Ley Laboral, modificar los aspectos negativos que tiene para la generación de empleo genuino, respetando los derechos adquiridos por los trabajadores.
Sin embargo, la puja de poder, los intereses creados en el sector público y los sindicatos, hicieron que ese debate se postergue mientras los empresarios de las pequeñas y medianas empresas sufrían las consecuencias de la industria del juicio que desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo.
El DNU 70/23 se encontraba en plena vigencia hasta el miércoles pasado, pero los acontecimientos jurídicos le pusieron un freno cuando se dio a conocer la sentencia de la Cámara del Trabajo en los autos caratulados: “Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Incidente”.
Efectivamente durante el transcurso de la tarde de ese miércoles, el órgano judicial dictó una medida cautelar que suspende la aplicabilidad de las normas laborales contenidas en el decreto presidencial hasta tanto se resuelva la Acción de Amparo interpuesta por la autoridad gremial.
De esta manera, la “Era Milei” les exige a los abogados y a los empresarios PyMEs una dinámica de trabajo en la que necesitan a estar constantemente actualizados y los obliga, en algunas circunstancias, a ser cautos ante la posibilidad inminente de alteraciones provenientes del dictado de actos emanados de cualquiera de los tres órganos del Estado.
Más allá del freno que le puso la Justicia al DNU de Javier Milei, es importante resaltar algunas normas laborales (no todas) que impactan favorablemente en el desarrollo de la actividad del sector empresarial PyME.
La ampliación de la vigencia del período de prueba de tres meses a ocho constituye un aspecto muy positivo para el empresario porque le brinda la posibilidad de tomarse un tiempo prudencial para evaluar el real desempeño de un empleado recientemente incorporado.
La medida es muy acertada más allá de las implicancias económicas que apareja, puesto que el plazo de tres meses evidentemente resultaba muy exiguo.
Por otro lado, resulta auspiciosa para los intereses económicos del sector empresario la base de cálculo que debe tenerse en cuenta a la hora de indemnizar a un empleado que es despedido sin justa causa.
En caso que el DNU vuelva a estar vigente, no se incluirán en la indemnización el Sueldo Anual Complementario sobre preaviso, ni sobre Antigüedad, ni sobre Vacaciones.
Tampoco de incluirán aquellos bonos o comisiones que voluntariamente el empleador le otorga al empleado por su desempeño.
Téngase en cuenta que la modificación introducida en materia de bonos o comisiones tiene como contrapartida un beneficio también para el empleado porque alienta al empleador a concederlos sin ninguna restricción.
Algo que atemoriza a todos los empresarios es el régimen de actualización que han adoptado los fueros laborales de algunas jurisdicciones que terminan poniendo en riesgo la salud de las empresas al punto tal de cuestionar su continuidad.
Hasta el dictado del DNU diversas disposiciones judiciales establecieron un régimen de actualización monetaria a los créditos laborales muy por encima de la tasa de inflación, perjudicando a los empresarios PyMEs.
También me parece interesante resaltar la posibilidad que brinda el DNU a los empresarios al momento de pagar cuando pierde un juicio. De esta manera, ante una sentencia judicial desfavorable al empleador, éste tendrá la posibilidad de cancelar el pago total de la condena hasta un máximo de doce cuotas.
Las normas contenidas en el DNU resultan alentadoras para los empresarios PyMEs porque reducen costos laborales y estimulan a los empresarios a incorporar nuevos empleados.
Además, tienden a erradicar – o al menos desbaratar - a la industria del juicio que en los últimos años se ha instalado en el fuero laboral, y que por supuesto ha desalentado el surgimiento y desarrollo de empresas locales.