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SUSCRIBITE El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, confirmó que el gremio realizará una medida de fuerza en todo el país el próximo jueves 29 de mayo, para exigir la reincorporación de 36 trabajadores despedidos en la Caja Popular de Ahorros (CPA) de Tucumán.
La mprotesta será a jornada completa, en repudio también a la represión policial del miércoles 13 de mayo contra los empleados cesanteados que reclamaban su reincorporación frente a la sede de la entidad.
En la sede de la Caja Popular de Ahorros, Palazzo confirmó el cese de la actividad de los bancos públicos y privados en todo el país durante una jornada completa, por lo que ese día las sucursales no abrirán sus puertas.
El dirigente sindical encabezó el jueves una multitudinaria marcha con afiliados de todo el país en la capital tucumana.
El secretario nacional de Prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, aclaró que la movilización fue realizada también para pedir "la reincorporación de los 36 despedidos por razones gremiales de la Caja, única entidad financiera estatal de esa provincia".
El sindicato mantiene un conflicto con la CPA, dependiente del estado provincial, después que un grupo de trabajadores fueran despedidos por cuestionar la administración del interventor, Armando Cortalezzi.
El funcionario asumió como interventor de la Caja Popular de Ahorros en octubre de 2012 promovido por el actual gobernador tucumano José Alperovich.
Los cruces entre el Gobierno y la Asociación Bancaria habían comenzado cuando 2012 el gremio cuestionó que el mandatario provincial tomara unos 172 millones de pesos de los fondos de garantía de la Caja Popular a cambio de Letras del Tesoro para financiar gastos.
La situación se tensó más cuando el martes último el juez Juan Francisco Pisa dictó una restricción de acercamiento contra dirigentes de AB y en contra de los ex empleados de la CPA que participaron en los incidentes de la semana pasada en la institución.
Los mencionados en la resolución no podrán acercarse a la entidad financiera provincial a menos de 300 metros y deberán abstenerse de realizar manifestaciones contra empleados y familiares de dicho lugar, marcó la resolución judicial.