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SUSCRIBITE Algunos países miembros de la Unión Europea llegaron el martes a un consenso para para poner en práctica ese impuesto (ITF) que debería entrar en vigor recién el año que viene, pese a la oposición de Gran Bretaña, un miembro de la comunidad que no adoptó al euro.
Este impuesto era necesario para paliar las fallas de los mercados financieros que hundieron al mundo en una crisis en 2008, afirmaron quienes impulsan la iniciativa.
Los especialistas en el tema no tardaron en apuntar que el anuncio podría llegar a tener un fin electoral de cara a los comicios europeos que se celebrarán entre el 22 y el 25 de mayo.
Diez países miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia y Portugal), de los once que quieren introducir este impuesto (Eslovenia se mantiene al margen tras la dimisión del gobierno el lunes) alcanzaron un "acuerdo político", señaló el ministro de Economía español, Luis de Guindos (foto).
El funcionario del Gobierno de Mariano Rajoy fue el encargado de confirmar al público el consenso alcanzado al margen de una reunión de ministros del rubro en Bruselas.
"Convinimos de que se hiciera paso a paso, empezando por gravar el intercambio de acciones y algunos derivados", manifestó al respecto el ministro de Economía austríaco, Michael Spindelegger.
A fin de año los diez países participantes terminarán con el trabajo técnico para poner en marcha la medida, según la meta impuesta por los funcionarios del organismo.
El año 2015 se espera que aprueben los diferentes aspectos de este nuevo gravamen, el cual debería entrar en vigor el 1 de enero de 2016.
El ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, estimó que de esta manera se recaudarán entre 5.000 y 6.000 millones de euros, si se grava únicamente el intercambio de acciones.
El ministro de Economía británico, George Osborne, manifestó previamente que si este impuesto "impacta en otras economías europeas" éstas "se verán autorizadas a objetar" el acuerdo y "lo harán".
Al igual que Gran Bretaña, Suecia también se opone al tributo comunitario. "Creemos que el ITF es un impuesto costoso e ineficiente que tendrá un impacto en las inversiones", indicó el ministro sueco Anders Borg.
Por su lado el luxemburgués, Pierre Gramegna, estimó que este impuesto no sería "bueno para los mercados de capitales en Europa" y expresó la "inquietud" de su país cuya economía depende del sector financiero.
El anuncio del martes llega unos veinte días antes de las elecciones europeas. Las organizaciones no gubernamentales, como Oxfam, expresaron su descontento y acusaron a los ministros de ceder a la presión del mundo financiero.