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SUSCRIBITE En Carmen de Areco, la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó que esa cantidad de peones -entre los que se encontraba un menor- vivían en situación extrema de vulnerabilidad y abandono por parte de su empleador y no se encontraban debidamente registrados.
Los inspectores fiscales se encontraron con esta situación tras realizar un allanamiento en la finca rural "La Julieta", ubicada en esa zona característica de la Provincia de Buenos Aires.
En el terreno, los trabajadores se dedicaban al despanojo del maíz, tarea manual que consiste en quitar las flores que producen polen en lo alto de las plantas de ese cereal, trabajo que requiere gran cantidad de mano de obra.
La responsable de la explotación comercial de la finca sería la empresa Southern Seeds Production S.A., cuyos directivos también detentan la titularidad del campo, bajo otra razón social (La Julieta S.C.A).
Ambas empresas ya poseen denuncia penal por hechos similares ante los Juzgados Federales de Mercedes y San Nicolás. En Carmen de Areco, se descubrieron las mismas prácticas violatorias de las leyes de trabajo agrario que regulan la actividad.
Los trabajadores, oriundos de la provincia de Santiago del Estero, pasaban sus noches en unas casillas rurales conocidas como "pajareras", estructuras de chapa con pequeñas ventanas, similares a contenedores, sin refrigeración, sanitarios ni otras características que las hicieran habitables.
El ente recaudador aclaró que en el interior de estas estructuras había varios colchones sobre el piso y algunas camas cucheta, unos pegados a otros, en el mismo espacio donde los trabajadores debían dejar sus pertenencias. Y por fuera, a algunos metros de distancia de las pajareras, había baños químicos que carecían por completo de una higiene adecuada.
Los alimentos, provistos por el empleador, estaban en un aparente estado de putrefacción ya que carecían de refrigeración.
Entre los trabajadores relevados por la AFIP había un menor de edad, que intentó acreditar su identidad con un documento perteneciente a un familiar. Sin embargo, los agentes lograron la correcta identificación del menor.
Al ser consultados por los inspectores de seguridad social del organismo que conduce Ricardo Echegaray, los trabajadores confirmaron que pese a haber pactado el pago diario del jornal, hasta el momento del operativo sólo habían cobrado lo correspondiente al primer día, como una forma de incentivo para captar trabajadores, y que se les adeudaba el resto de las jornadas trabajadas.
También informaron que, trabajaban los siete días de la semana, sin que se les otorgue el correspondiente franco semanal.
Debido a las irregularidades detectadas, la AFIP dio intervención inmediata a la Policía Federal Argentina Delegación Mercedes y al Juzgado
Federal de Mercedes.
También se informó a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH, para evaluar si las condiciones de habitabilidad y las relaciones laborales mantenidas con la firma empleadora podrían configurar una posible infracción a la Ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.