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SUSCRIBITE El ex viceministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, remarcó que la Argentina enfrenta un "agotamiento de un ciclo de políticas sociales", al apuntar que en la actualidad una de cuatro personas está en la pobreza.
"Debemos ir hacia una segunda generación de planes sociales, con una integración entre el trabajo y el sistema educativo", dijo Arroyo, quien postuló la frase "dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna".
Al hablar en el panel sobre "Integración social", en el marco del 49 Coloquio Anual de IDEA, el político pidió volcar al mercado laboral en blanco a los casi 5 millones de personas que están en la informalidad.
Sobre el panorama de los jóvenes, señaló que "el problema central es la inclusión de los 900 mil jóvenes de 16 a 24 años que no trabajan ni estudian".
El ahora integrante de los equipos técnicos del Frente Renovador, armado político del intendente de Tigre Sergio Massa, cuestionó que el 70 por ciento del gasto e inversión social esté concentrado a nivel nacional". Y reflejó también que "hay muchos problemas en la escuela secundaria, con un 40% de deserción".
Además, el "hacinamiento y las adicciones son otros de los problemas sociales", con "un 70 por ciento de la gente viviendo en ciudades de más de 100 mil habitantes", opinó Arroyo.
"En la Argentina hay grupos viviendo a dos velocidades, con un sector que trabaja en relación de dependencia y puede planificar, y otro que vive de changas y en el día a día", sostuvo Arroyo.
4 millones de personas son cuentapropistas y su principal problema es la falta de crédito, explicó al respecto.
Por otro lado, el ex kirchnerista sentenció que "no se reduce la pobreza si no se masifica el crédito para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, entre otros".
Propuso crear un fondo de 9.000 millones de pesos anuales para atender las necesidades de los emprendedores y dar incentivos fiscales para empresas que toman jóvenes para el primer empleo.
Finalmente, Arroyo cuestionó que de los 48.000 millones de pesos anuales que el Estado destina a planes sociales, el 70 por ciento esté en manos del poder central.