El gobernador de Michigan, Rick Snyder, anunció el viernes que la bancarrota de Detroit es una "oportunidad para remontar, tras 60 años de decadencia y mala administración financiera" que llevaron a la ciudad motor a esta situación.
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SUSCRIBITEEl gobernador de Michigan, Rick Snyder, anunció el viernes que la bancarrota de Detroit es una "oportunidad para remontar, tras 60 años de decadencia y mala administración financiera" que llevaron a la ciudad motor a esta situación.
En una conferencia de prensa, el mandatario defendió la iniciativa de declarar la ciudad en quiebra y remarcó: "Queremos tranquilizar a los ciudadanos: todo va a seguir funcionando con normalidad. Llegó el momento de encaminar a Detroit", aclaró.
Snyder refeljó que "ahora es la oportunidad de frenar 60 años de decadencia". La ciudad reconocida por la empresa Ford y los Red Wings y Pistons -grandes franquicias deportivas- acumuló una deuda de 18.000 millones de dólares y a causa de esto tiene problemas para mantener el alumbrado público.
A esto se le suma que la población de Detroit -un terrotorio que pasa una gran parte del año bajo frío polar- bajó a menos de la mitad desde 1950, pasando de 1,8 millones de personas a 685.000 habitantes actualmente.
"Llegamos al punto donde no podemos seguir aplazando eternamente el problema", declaró por su parte Kevyn Orr, quien será el manager de emergencia nombrado por el gobernador y se encargará de gestionar la crisis.
El estado de quiebra complicará el acceso al crédito para los ayuntamientos de Michigan y de otras ciudades; y podría redundar en una disminución de las jubilaciones de los asalariados estatales.
Cerca de 9.000 millones de dólares de la deuda de la ciudad pertenece a fondos de pensiones y seguros de salud de 10.000 trabajadores locales y de 20.000 jubilados.
Aunque las pensiones están protegidas por la constitución estadounidense, el proceso de quiebra puede recortar drásticamente las obligaciones hacia los pensionistas.
Según Orr, la ciudad tiene cerca de 2.000 millones de dólares para pagar el total de 12.000 millones de la deuda que no está asegurada, lo que incluye a los fondos de pensión.
"Sí, es cierto que hay 10.000 trabajadores. Sí hay 20.000 jubilados. Pero hay 700.000 ciudadanos que no se merecen una respuesta judicial de 58 minutos", señaló el experto a los medios locales.