Para continuar, suscribite a Somos Pymes. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE La Cámara alta sancionó este miércoles por unanimidad el proyecto de prórroga de la emergencia alimentaria después de un debate en el que no faltaron críticas al oficialismo, que casi no tuvo expositores.
Con 61 votos a favor, el proyecto fue convertido en ley a menos de una semana de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y establece un incremento al menos el 50 por ciento "de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
De esta manera, obliga al Ejecutivo a reasignar partidas por 10.000 millones de pesos.
La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre de este año.
El proyecto aprobado ya por Diputados y Senadores, establece que la Emergencia Alimentaria se prórroga hasta 2022 y se dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.
En la iniciativa se establece que deberá otorgar "como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
La extensión de la emergencia alimentaria obtuvo media sanción
CAME busca que se declare la Emergencia PYME a nivel nacional
Además, faculta al Jefe de Gabinete a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias" para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
También se autoriza a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
A lo largo de la ley se establece que "el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada "Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional" que apruebe el Congreso de la Nación.
También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.