El Estado nacional hace su última oferta a los fondos buitre

El Gobierno concretará el viernes en Nueva York su última proposición a los holdouts de la deuda argentina en default, para terminar con la disputa judicial iniciada después del primer canje de deuda, en 2005.

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La Casa Rosada ofrecerá a los acreedores un canje de títulos que poseen por bonos Par con vencimiento en 2038 con las mismas condiciones que las que primaron en en el canje de 2010.

Los abogados que representan a la Argentina presentarán un escrito con la propuesta para resolver la disputa por unos 1.300 millones de dólares, pero el fallo sentará precedente para toda la deuda en default que suma unos 11.180 millones de dólares, monto que incluye los intereses impagos desde 2002 a la fecha por 4.600 millones de dólares.

La proposición será introducida ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York con al esperanza que revierta el fallo del juez Thomas Griesa, que obligó al país a pagar el 100 por ciento de los bonos defaulteados en 2002.

Los fondos especuladores NML, Dart y Elliot son acusados por el Gobierno nacional de comprar la mayoría de los bonos en default a un bajo precio, para reclamar luego el 100 por ciento de su valor nominal en la Justicia.

Esos fondos, con Paul Singer del NML Elliot, reclaman al país en los estratos judiciales que le abone unos 1.300 millones de dólares por capital más intereses, pero la Casa Rosada le responde con la interpretación del pari passu o tratamiento igualitario.

Pese a que con seguridad los denominados "fondos buitres" rechazarán ese ofrecimiento, los asesores legales de la Argentina deberán convencer al tribunal, que determinará la validez o no del fallo de Griesa.

Los bonos Par, a diferencia de los Discount, no tienen quita, pero fueron emitidos a 30 años, con amortización íntegra al vencimiento y un interés del 2 por ciento anual.

La presentación la realizarán los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y a diferencia del pasado 27 de febrero, de la que participaron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el vicepresidente, Amado Boudou, esta vez no viajarán funcionarios.

En caso de que el Tribunal falle de manera negativa para el país, quedará como recurso apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos.