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SUSCRIBITE Por Andrés Sarcuno. En pleno tratamiento en el Congreso del proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es interesante analizar en profundidad el grado de impacto que tienen en las organizaciones los fraudes y delitos económicos.
Más aún considerando que este proyecto de ley incorporará la aplicación de significativas multas pecuniarias que serán calculadas en función al porcentaje de ingresos brutos de la persona jurídica que pagó un soborno.
En tal sentido, las empresas que operan en la Argentina ya han sufrido sanciones económicas pero por regulaciones análogas extranjeras tales como la ley anticorrupción de Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices Act o FPCA). Desde el 2004 a la fecha, al menos 8 compañías han pagado multas por más de u$s 55 millones.
Es esperable, con la entrada en vigencia de esta nueva ley anticorrupción y su adecuada y efectiva aplicación, junto con el mayor intercambio de información que está sucediendo entre la justicia Argentina y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que el impacto de los delitos económicos crezca en el futuro inmediato.
Tal como surge de la última encuesta sobre delitos económicos de PwC realizada en 2016, se ha incrementado el perjuicio económico causado directamente por los delitos económicos.
Casi la mitad las organizaciones respondieron haber sufrido pérdidas por más de u$s 100.000; destacándose, que uno de cada diez registró pérdidas que superaron el millón de dólares.
A estas cifras hay que sumarle el costo en recursos internos y externos que se han dedicado a investigar los delitos sufridos: casi el 40% invirtió más de u$s 50.000.
Además de los costos tangibles, tenemos que considerar el impacto sobre la reputación de las compañías. En el contexto actual, de manera cada vez más frecuente leemos sobre un nuevo hecho de corrupción que salpica a diversos actores de la economía, generando mayor desconfianza pública y menor indulgencia ante situaciones poco éticas en las organizaciones.
Es casi imposible cuantificar el verdadero impacto de un delito en el valor de la compañía. ¿Cuántos clientes potenciales se pierden si la compañía resulta responsable de un escándalo de corrupción? ¿Cuánto vínculos comerciales se rompen con empresas innovadoras y competitivas? ¿Cuántos talentos abandonan la organización al observar la impunidad de un colega al cometer un ilícito?
En resumen, las organizaciones deben ser proactivas y atacar este flagelo de manera temprana y anticiparse a las regulaciones anticorrupción. Aquellas que ya lo están haciendo o, las que están por hacerlo, indefectiblemente verán los beneficios en el mediano y largo plazo.
Andrés Sarcuno es Director de Forensic Services de PwC Argentina
Fuente: cronista.com