Más de 300 medianos y pequeños empresarios industriales se reunieron diputados nacionales de la Comisión de Industria, para "expresar su preocupación por el aumento de la litigiosidad judicial en el campo de los accidentes laborales".
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Preocupa a las PYMES el aumento de juicios por accidentes laborales
Para corregir este déficit, los protagonistas requirieron una mayor participación en el diseño de proyecto de ley pensado especialmente para este ítem.
En ese sentido, los hombres de negocio presentaron una serie de propuestas dirigidas a mejorar la competitividad y solucionar problemas que ponen en peligro la continuidad de muchas pequeñas y medianas industrias.
La comitiva empresarial, encabezada por la Mesa de Industriales Bonaerenses (MIB), cuya coordinación está a cargo de Daniel Rosato, fue recibida por el diputado del Frente Renovador y titular de la Comisión de Industria, José Ignacio De Mendiguren y por legisladores del Frente para la Victoria, el bloque oficialista Unidos-PRO, el Partido Justicialista, Compromiso Federal y Libres del Sur.
El empresario le contó a los presentes los efectos "devastadores" que tienen para las pymes industriales el aumento de la judicialización que se observa particularmente en materia de accidentes laborales, pese a que la siniestralidad bajó marcadamente en los últimos años.
"Los famosos caranchos (abogados que litigan para sacar provecho de demandas inventadas o sobredimensionadas) en complicidad con los jueces, que fallan siempre en contra del empleador, generan demandas exorbitantes que las PYMES no pueden afrontar", plantearon los referentes del sector, en un comunicado.
Además, Rosato y el resto de los empresarios explicaron a los legisladores que se elevaron de manera alarmante las alícuotas que las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART) le cobran a las PYMES, cuando antes representaban entre el 3 y el 5% de la masa salarial pero en la actualidad alcanzan entre el 10 y el 20%.
"Esto sumado a los juicios por las demandas de los caranchos y la industria del juicio generan costos desproporcionados para las pymes, que están muy lejos del 3% que se paga en otros países", reflejó el dirigente.
Por su parte, de Mendiguren señaló que "en la industria hay menos siniestros pero más juicios. Las pymes son el motor de nuestra economía, generan el 51% del empleo formal en nuestro país y el 70% del empleo total. No podemos seguir sometiéndolas a una tormenta perfecta que incluye: subas de tarifas, altísimas tasas de interés, caída del nivel de actividad y un aumento progresivo de la litigiosidad laboral".
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre 1996 y 2015 la tasa de siniestralidad industrial sufrió una reducción del 42%.
La cantidad de demandas pasó de 3000 a 80.000 por año y hoy existe un costo anual de U$S2400 millones más U$S700 millones que se gastan en peritos y abogados.
"La situación al día de hoy es preocupante: hay aproximadamente 5.000 millones de dólares en juicios y un stock de 300.000 juicios", señaló de Mendiguren.
"El problema se agrava porque aunque las demandas son a las ART, los sobrecostos se trasladan a las empresas a través del incremento de las alícuotas del seguro", concluyó.
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