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SUSCRIBITE La Justicia Civil y Comercial decidió tomar el amparo presentado por el municipio bonaerense para bloquear la suba de tarifas de luz, gas y agua para hogares, asociaciones civiles y públicas y sectores productivos en el distrito.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 10, a cargo de la jueza Edith Irene Rota, dio lugar al recurso de amparo solicitado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.
La medida impacta directamente a hogares, empresas, clubes de barrio, centros de jubilados, la Universidad Nacional de La Matanza y demás asociaciones sociales y deportivas del distrito bonaerense.
En su resolución, la jueza tomó el planteo de Magario (foto) en representación de la totalidad del municipio.
Asimismo, falló que las medidas de aumento dictadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación "son susceptibles de generar un perjuicio irreparable a los usuarios de los servicios públicos señalados".
Teniendo en cuenta esto, la magistrada decidió declararse incompetente para permitir que el caso se remita a la esfera del Justicia Federal.
Al mismo tiempo eligió "hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada" por la jefa comunal, ordenando la suspensión de la aplicación de los incrementos tarifarios.
La orden judicial también estipula que desde ahora se deben "ajustar las facturas que se hubieran emitido bajo los parámetros del tal normativa, a las tarifas previas a las citadas resoluciones, efectuándose nueva liquidación a tal
fin".
Además, la resolución plantea que "si la nueva facturación ordenada no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, las citadas empresas deberán admitir el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad a los incrementos establecidos (...), sin que ello pueda implicar, en modo alguno, la interrupción o
alteración de los servicios".
En el caso de que los aumentos ya hayan sido facturados y se hubiesen abonado a la fecha de notificación de la presente, sus importes deberán tenerse por pagados a cuenta, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total.
La medida comprende también las boletas que las prestadoras emitan en lo sucesivo, que no deberán incluir el aumento previsto en las Resoluciones y Disposiciones señaladas, por el término de tres meses (180 días) a partir de la notificación.
"Nos sentimos muy satisfechos con la resolución de la jueza porque se hace justicia con nuestro municipio. Todos los sectores sociales y productivos de La Matanza acompañaron esta solicitud que ahora se convierte en un amparo efectivo para evitar que se agrave aún más la crisis desatada por las medidas económicas que hicieron regresar el hambre a nuestros barrios más populares", manifestó Magario al respecto.
Y añadió: "Esta es una demostración de lo que puede avanzar y lo que se puede lograr con una Matanza unida parta defender sus derechos, a su gente, a la Universidad y a nuestras PYMES que generan el 90% del empleo de nuestro municipio".
El planteo de la municipalidad de La Matanza ante la Justicia continúa la serie de recursos de amparo presentados en varias parte del país, especialmente en las localidades del sur, donde los ajustes de tarifas impactaron de manera muy negativa en la población.