El conflicto con los fondos buitre se saldará con un súper bono

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, confirmó que Argentina emitirá un bono por 15 mil millones de dólares para pagar la deuda en default a los holdouts.

El funcionario dijo que la deuda global a pagar a los capitales que no se plegaron a sucesivas reestructuraciones es de 20 mil millones.

Y remarcó que "una tercera parte" de los tenedores de títulos ya aceptó la oferta del Gobierno.

El proceso se hará efectivo una vez que el Congreso derogue las leyes de Cerrojo y Pago Soberano, condición fundamental exigida por el juez neoyorkino Thomas Griesa para sacar al país del default selectivo.

En rueda de prensa junto al secretario de Hacienda, Luis Caputo, Prat Gay informó que la tasa de interés del bono "dependerá de las condiciones de mercado".

La última resolución de Griesa es "muy importante" porque es el "colorario de la estrategia del Gobierno para lograr una solución del problema", remarcó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro explicó que para el pago de la deuda en default no se utilizarán reservas del Banco Central, que actualmente están en un margen de 29 mil millones.

La operatoria se hará en efectivo y no con bonos porque "eso aportará un beneficio adicional de ahorro de entre 20 y 25%", equivalente a una suma de entre 5 mil y 6 mil millones de dólares.

El ministro calculó que se debrán pagar 11.752 millones de dólares, incluyendo los reclamos en la justicia norteamericana, más la deuda en manos de bonistas italianos liderados por Nicola Stock.

Además, puntualizó que existen aproximadamente otros 9.000 millones de dólares de deuda en default en distintos jurisdicciones y monedas.

Prat Gay detalló que el 29 de febrero no es el plazo para pagar o cerrar el acuerdo sino que es "para saber cuantos aceptarán la propuesta y el monto de la deuda a pagar" para conocer lo que se deberá emitir.

La buena noticia pasó por la confirmación de que el lunes se acordó con un nuevo fondo y que ya hay ocho que se plegaron a la oferta nacional, incluyendo los bonistas italianos.

El ministro dijo que todo el acuerdo con los fondos "será ad referendum de lo que decida el Congreso y no la vamos a pedir un cheque en blanco sino que vamos a ser transparentes explicando todo el acuerdo".

En un tono más político, el ministro subrayó que "el costo del desacato judicial" a las sentencias de Griesa producidas durante el Gobierno de Cristina Kirchner "fue de 100 mil millones de dólares, entre los dólares que se fueron y las inversiones que no vinieron y la creación de más de un millón de puestos de trabajo".

Eso se perdió porque al Gobierno anterior "le pareció políticamente atractivo decir que esto era una cuestión de vida o muerte y que nunca iban a negociar" con los fondos buitre, concluyó.

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