La mirada de la Casa Rosada se centra ahora sobre el Banco Macro

La Comisión Nacional de Valores (CNV) inició una investigación al directorio de esa entidad financiera -cuyo dueño es el ex aliado del Gobierno, Jorge Brito- por eventuales infracciones a la ley de Sociedades Comerciales, a partir de una demanda de una asociación de consumidores.

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Se trata de Proconsumer, quien busca que el banco les devuelva "los importes cobrados en forma excesiva, en relación al seguro de vida colectivo sobre préstamos otorgados por la entidad bancaria".

Por ese motivo, la CNV resolvió abrir un sumario a fines de septiembre pasado. Lo hizo a través de una resolución en la que aclaró que "abierta la investigación, se cumplieron una serie de medidas tendientes a esclarecer los hechos denunciados, constatándose la existencia de un proceso judicial".

En realidad, la causa abierta a pedido de Proconsumer es de septiembre de 2007 y se tramita en el juzgado nacional de primera instancia en lo comercial número 26, secretaría número 52.

La CNV -donde sigue pisando fuerte el ahora titular del BCRA, Alejandro Vanoli- consideró que la ausencia de información por parte del banco "revestiría relevancia significativa desde el punto de vista económico" y sería de "potencial trascendencia".

La decisión oficial involucra a los integrantes del directorio Jorge Brito, Delfín Carballo, Jorge Pablo Brito, Juan Pablo Brito Devoto, Roberto Eibaum, Luis Cerolini, Carlos Videla, Alejandro MacFarlane, Guillermo Stanley y Constanza Brito, y al responsable de relaciones con el mercado, Daniel Violatti, además de los miembros del órgano de fiscalización.

En este marco, la CNV citó a los responsables a audiencia preliminar para el 21 de enero de 2015.

El Banco Macro fue una de las entidades denunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por realizar maniobras especulativas con el dólar, principalmente con la operatoria del "contado con liquidación".

Fue la misma institución que había propiciado la compra de la deuda soberana de Argentina a los fondos buitre antes de que el país caiga en default selectivo, el 1 de agosto. Esa idea quedó en la nada luego de que el Poder Ejecutivo desestimara la iniciativa de los bancos privados locales.

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