De acuerdo al fondo buitre Aurelius -que busca cobrar el 100% de sus títulos en default-, el Gobierno "inventa excusas" para "no negociar", en el marco de la causa que lleva adelante el juez Thomas Griesa.
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Para los holdouts, se pretende "arriesgar el sustento de Argentina antes que negociar"
La cláusula RUFO, que rige hasta enero 2015, impide a la Argentina ofrecer mejores condiciones de pago que las de los canje de deuda. Si esto sucede, el Estado podría afrontar juicios millones de los bonistas que ya habían reestructurado sus títulos en 2005 y 2010.
Al respecto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, alertó además que pagar la sentencia en las condiciones impuestas por Griesa podría llevar a los funcionarios argentinos a tener consecuencias legales por desobedecer a la Constitución Nacional, la ley de Presupuesto y la ley de Administración Financiera.
Ya comenzó en Nueva York una audiencia en la que participan los bancos y los intermediarios involucrados junto al juez de distrito, Thomas Griesa.
Los representantes de Argentina no fueron citados pero podrián haber presenciado el encuentro. El Gobierno decidió no enviar emisarios, aunque espera con expectativas la decisión de Griesa.
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