El Gobierno nacional aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta US$ 5.000 millones y cedió jurisdicción a favor de Nueva York.
lunes 22 de junio de 2026
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SUSCRIBITELa medida apunta a reducir el costo de financiamiento del Tesoro.
La decisión del equipo económico.
El Gobierno nacional aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta US$ 5.000 millones y cedió jurisdicción a favor de Nueva York.
Lo hizo a través del Decreto 478/2026 publicado en el Boletín Oficial.
La medida pretende reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.
Esta autorización implica que la República Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos producidos en dicha sede judicial vinculados a estos contratos.
A pesar de la prórroga de jurisdicción, la normativa establece límites para resguardar el patrimonio nacional.
El artículo 2 detalla que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos, entre los que figuran:
_Cualquier reserva o cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
_Bienes del dominio público situados en territorio argentino.
_Bienes destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública por el Congreso.
_Activos alcanzados por privilegios diplomáticos y consulares.
_Bienes de carácter militar o bajo control de agencias de defensa y seguridad.
_Bienes que formen parte de la herencia cultural de la Nación.
_Impuestos y regalías adeudadas al Estado Nacional.
El Ministerio de Economía será el encargado de determinar los plazos, métodos y monedas para estas operaciones.
Asimismo, queda facultado para designar a las instituciones financieras participantes, suscribir acuerdos, pagar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.