El Gobierno nacional formalizó la aprobación de los créditos del BID y del Banco Mundial por 1.750 millones de dólares que servirán como garantía para la suscripción de préstamos con bancos privados.
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SUSCRIBITELa semana pasada se había autorizado el endeudamiento.
El Gobierno nacional formalizó la aprobación de los créditos del BID y del Banco Mundial por 1.750 millones de dólares que servirán como garantía para la suscripción de préstamos con bancos privados.
Lo hizo mediante los Decretos 549/2026 y 550/2026, publicados en el Boletín Oficial.
La semana pasada el Poder Ejecutivo había autorizado la emisión de deuda por U$S 5.000 millones a partir de estos avales.
El dinero será utilizado para el pago de deuda con acreedores privados.
La primera de estas medidas se vincula al programa denominado "Impulso a la inversión y el crecimiento del sector privado para la creación de empleo en Argentina" del Banco Mundial por US$ 1.200 millones.
La segunda operación aprobada es con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 550 millones, financiamiento que se destina específicamente al "Programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia en Argentina" (PROSEJUS), cuyo propósito central es la reducción de los índices de impunidad en delitos relacionados con organizaciones criminales.
Según las normas, en ambos casos el mecanismo consiste en una garantía parcial de crédito que se emite de forma directa como resultado de los objetivos alcanzados.
El BIRF, organismo que pertenece al Grupo del Banco Mundial, otorgará una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) por hasta US$ 1.200 millones en el marco del programa "Impulso a la inversión y el crecimiento del sector privado para la creación de empleo en Argentina".
El objetivo de la iniciativa es mejorar el clima de negocios, incentivar la inversión privada, promover el comercio y favorecer la generación de empleo.
Según indicó el Banco Mundial, “la operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”.
El decreto autorizó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a suscribir el acuerdo con el BIRF y la documentación complementaria para su implementación.
También habilita a introducir cambios que no modifiquen el objeto del convenio ni incrementen el monto de la garantía.
