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SUSCRIBITEEl nuevo esquema, que se basa en declaraciones juradas, simplifica procesos y reduce cargas administrativas.
Implementación de la medida comercial.
El Gobierno nacional modificó el régimen técnico para la comercialización y la importación de pilas y baterías primarias, al proceder con una reforma que elimina trámites previos, reconoce certificaciones extranjeras y digitaliza los procedimientos.
Lo hizo a través de la Resolución Conjunta 1/2026 de la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Coordinación de Producción, publicada en el Boletín Oficial.
La medida es parte de la política de simplificación y modernización administrativa impulsada por la administración libertaria.
La iniciativa responde a una demanda de fabricantes, importadores y usuarios frente a la complejidad y el costo asociado al régimen anterior, que requería certificaciones locales incluso para productos ya validados internacionalmente.
El nuevo marco normativo reglamenta los cambios introducidos por el Decreto 431/2025 a la Ley de Energía Eléctrica Portátil N.º 26.184.
El objetivo central de la reforma es reducir las cargas administrativas y modernizar los mecanismos de control.
Según detallaron las autoridades, el régimen anterior implicaba una serie de autorizaciones previas y certificaciones reiteradas, que debían realizarse en el país incluso si las pilas o baterías ya habían sido evaluadas por organismos reconocidos en otros mercados.
Bajo la lógica libertaria, esta duplicación generaba sobrecostos y demoras, encareciendo productos de uso cotidiano como relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras y linternas.
Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la reforma busca eliminar trabas burocráticas que hasta ahora encarecían bienes esenciales sin aportar mayores garantías.
“Si una pila ya acreditó su conformidad ante organismos técnicos reconocidos internacionalmente, Argentina reconoce esa acreditación sin obligar a repetir todo el procedimiento desde cero”, esgrimió el funcionario.
Asimismo, precisó que desaparecen las autorizaciones previas para importar y comercializar, y que el cumplimiento se acreditará a través de una declaración jurada de conformidad, acompañada por informes de ensayo o la certificación internacional correspondiente.
A través de su cuenta oficial de X, Sturzenegger se refirió a las fallas del sistema previo: “Resultaba un impedimento para la importación y un sobrecosto para relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras, linternas, teclados inalámbricos y miles de productos de uso cotidiano".
"Como toda barrera, tiene su ‘cara linda’: el supuesto objetivo de evitar la comercialización de productos con niveles peligrosos de mercurio, cadmio y plomo. Pero la realidad era un lobby atrás que encarecía el precio de esos productos”, aseveró.
La Resolución aclaró que reemplaza los procedimientos previos por un sistema basado en declaraciones juradas y controles posteriores, tanto documentales como físicos.
El esquema establecido permite una fiscalización más eficiente, enfocada en el cumplimiento efectivo de los requisitos técnicos y ambientales, y no en trámites formales previos a la importación o comercialización.
También reconoce la validez de certificaciones emitidas por organismos técnicos extranjeros habilitados, lo que evitaría la duplicación de trámites y reduciría costos para los operadores del sector.
La nueva reglamentación mantiene las exigencias vinculadas a los límites máximos permitidos de mercurio, cadmio y plomo en pilas y baterías, en línea con la legislación vigente destinada a proteger la salud pública y el ambiente.
De acuerdo con el texto oficial, los productos que incumplan esos parámetros serán considerados residuos peligrosos y quedarán sujetos a las sanciones y procedimientos previstos por la normativa ambiental.
A su vez, la reforma deroga los regímenes anteriores establecidos en las Resoluciones 443/2020 y 31/2023, aunque preserva la vigencia de los certificados ya emitidos hasta la fecha de su vencimiento.
Y otorga un período de transición para que los organismos certificadores, laboratorios y empresas adapten sus procesos al nuevo esquema.
De este modo, se busca garantizar una implementación ordenada y evitar interrupciones en el abastecimiento del mercado.
Todos los trámites vinculados a la comercialización e importación de pilas y baterías deberán realizarse de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), lo que refuerza la política de digitalización y modernización administrativa que el Gobierno impulsa en distintas áreas.