El proyecto minero Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan, fue bloqueado por la Justicia de La Rioja, que interrumpió el tránsito de maquinaria pesada.
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La Justicia de La Rioja bloqueó el acceso al proyecto Vicuña
Se suspendió la circulación de transporte de maquinaria por un corredor clave.
La jueza María Greta Decker ordenó, la semana pasada, la suspensión por 30 días del proyecto y la circulación de transporte de maquinaria por el corredor de Guandacol.
Trabas al proyecto Vicuña
La medida fue impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja. Si bien el proyecto se encuentra en suelo sanjuanino, la infraestructura depende de la provincia gobernada por Ricardo Quintela.
Con más de 200 kilómetros, Guandacol cruza el límite entre ambos territorios y resulta indispensable para abastecer a los campamentos, que se encuentran a 4.000 metros de altura.
El conflicto escaló por la disparidad en el reparto de beneficios.
Mientras que el 3% de las regalías corresponden a San Juan, el gobierno de La Rioja demandó que las empresas BHP y Lundin Mining presenten una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) integral que contemple el desgaste y los riesgos del uso intensivo de las rutas provinciales.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió la soberanía sobre los recursos del subsuelo y aseguró que actuará bajo el amparo de la ley vigente.
Inversiones en la minería
El proyecto Vicuña estima inversiones por 18.000 millones de dólares en su primera década y busca posicionar a la Argentina como uno de los cinco mayores productores mundiales de cobre para el año 2030.
BHP y Lundin Mining, los accionistas, habían anunciado una inversión estimada de US$ 18.000 millones para los 10 primeros años del proyecto Josemaría y Filo del Sol.
Unos US$ 7.000 millones se invertirán entre 2026 y el primer concentrado de cobre en 2030.
Ante la polémica desatada, el mandatario de San Juan señaló que defenderá los recursos de su provincia “con la ley en la mano” ya que “están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”.
“No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley”, exclamó en sus redes sociales.