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SUSCRIBITEPor ahora, el Estado argentino no tendrá que entregar las acciones de la petrolera.
El futuro de la petrolera estatal.
El Gobierno nacional celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, de mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que fuerza la entrega de las acciones de la empresa petrolera como pago, en el juicio por la estatización de YPF.
Así lo informaron las autoridades del máximo tribunal el viernes.
La jueza Preska, encargada del caso, había determinado en junio que el Estado argentino debía pagar US$ 16.100 millones, equivalentes al 51% de las acciones que tiene en la petrolera.
Desde el Ministerio de Economía celebraron de inmediato la decisión del máximo tribunal, que también aceptó que el gobierno de EE.UU. sea “amicus curiae” del país.
“El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido: aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y que el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como “‘amigo de la corte’”, tuiteó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
La defensa nacional recurrió a la Cámara de Apelaciones en busca de que se mantuviera en suspenso la transferencia de papeles de YPF, luego de una cautelar temporaria presentada a mediados de julio.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito permite que la Argentina apele la decisión de Preska.
Además de los US$ 16.100 millones, la condena de septiembre de 2023 tiene un interés diario mayor a los US$ 2 millones.
El juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo.
El proceso no es por si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, sino que es por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF.
“Las acciones del Gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”, detalló en X Sebastián Maril de Latam Advisors.
“Ahora, el país puede apelar la entrega de las acciones sin necesidad de preocuparse por entregar ningún activo como garantía”, detalló el especialista.