La jueza neoyorkina Loretta Preska ordenó a YPF que en un plazo de 15 días entregue la información que le solicitó en el proceso de discovery en la que se busca determinar si la empresa es alter ego de la Argentina.
Más problemas para el Estado en el litigio por YPF
Preska pidió a la petrolera que presente documentación en 15 días por la causa de alter ego.
Esta causa pretende llegar a establecer si la empresa puede ser parte de la forma de pago de la sentencia por US$ 16.000 millones que condena al país.
Transcurso del litigio por YPF en Estados Unidos
Preska quiere definir los vínculos entre YPF y el Estado nacional pidiendo que se le entregue la documentación que existe entre las partes.
Al respecto, el especialista Sebastián Maril explicó que la firma debe demostrar su “independencia” del Estado para que no pueda ser considerada como parte de él y en consecuencia puedan ejecutarse sus bienes para el pago de la sentencia.
La magistrada absolvió a YPF en el fallo condenatorio por US$ 16.000 millones.
Ahora lo que se busca definir es si los beneficiarios del fallo pueden embargar alguno de sus activos para cobrar. Burford apeló la sentencia que absolvió a YPF.
Las partes –el Estado nacional, YPF y Burford- se presentarán el 29 de octubre ante la Cámara de Apelaciones para dar sus argumentos sobre las apelaciones cruzadas realizadas.
Por un lado, Argentina contra la sentencia de Preska y por otro Burford contra la decisión de absolución de YPF.
El reclamo de los fondos especuladores
Si la Justicia estadounidense determinara que la Argentina e YPF son lo mismo, entonces podría exigirle bienes a la compañía en caso de avanzar con un embargo.
El fondo Burford Capital -que adquirió los derechos de litigio al fisco español tras la quiebra del Grupo Petersen- y Eton Park presionan para cobrar de manera anticipada la indemnización más intereses, tal como dictaminó en primera instancia la jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York.
La Justicia estadounidense determinó que la Argentina violó el estatuto de la petrolera durante la estatización de 2012, lo que perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park.
En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación, aunque eximió de responsabilidad a YPF.
Los demandantes intentaron en varias oportunidades alcanzar un acuerdo con el Estado argentino. Advierten que, por cada día de demora, la deuda suma alrededor de US$ 2,5 millones en intereses -casi US$ 1000 millones al año-, a lo que se agregan los honorarios de los abogados, que facturan unos US$ 1500 por hora de trabajo en el caso.
La defensa argentina, por su parte, apuesta a que la Cámara de Apelaciones introduzca algún cambio en el fallo, luego de que el país perdiera todos los reclamos en la primera instancia.
En paralelo, avanza otra apelación. Para evitar un embargo, Preska había concedido a los fondos una garantía de pago, pero el Estado argentino incumplió.
El 30 de junio, la jueza solicitó que se transfiriera el 51% de las acciones de YPF al fideicomiso de garantía.
Esta decisión también fue apelada y se tratará el 25 de septiembre, fecha en la que la Argentina podrá presentar un escrito con su postura.