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SUSCRIBITESigue vigente la orden para que el país entregue más de la mitad de la compañía en 14 días.
No se modificó la postura de la magistrada neoyorquina.
La jueza Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender de la sentencia que obliga a la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos de inversión que litigaron la nacionalización de la petrolera.
Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.
El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un “stay” (suspensión temporaria de la sentencia) dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.
Esta mañana, la magistrada rechazó el pedido y mantuvo su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.
Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.
Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” de la administración de Donald Trump.
La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
El fondo Burford está dispuesto a sentarse a dialogar y negociar quitas en un acuerdo extrajudicial para cobrar menos, pero antes. Sin embargo, el Gobierno confirmó que apelará hasta la última instancia.
El principal argumento del fondo es que la Argentina no cumplió con las condiciones previas fijadas por el tribunal para evitar la suspensión del fallo de septiembre de 2023, en el que Preska condenó a la Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones en concepto de indemnización.
A esta cifra se le suman los intereses acumulados a la fecha de US$ 1.650 millones, equivalentes a US$ 3 millones diarios.
Según Burford, la Argentina no depositó ninguna garantía ni ofreció poner las acciones de YPF bajo custodia judicial, como exige la norma federal y la ley de Nueva York, por lo que consideró que la suspensión del fallo le permitiría al país seguir obstaculizando su cumplimiento, cuando ya se benefició de una indulgencia.
A través de su subsidiaria Prospect Investments, en 2015, el fondo de inversión se quedó con 70% de los derechos de juicio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de la familia Eskenazi y radicadas en España, que se presentaron en quiebra en Madrid y tenían el 25% de las acciones de YPF.
El síndico subastó el derecho a litigar y un mes después de adquirirlo, Burford inició la demanda.
Antes del pedido que la firma le hizo a Preska de no suspender el fallo, otro fondo también se opuso al planteo de la Argentina: Bainbridge, que no participa de esta causa, pero demandó en 2016 al país por el default de la deuda de fines de 2001 y ahora quiere quedarse con acciones de la petrolera.