Estados Unidos anunció la concesión de una licencia que permite a distintas entidades legales comenzar a asesorar al Gobierno de Venezuela, a su petrolera PDVSA y sus subsidiarias para la reestructuración de su deuda.
Estados Unidos facilita la reestructuración de la deuda de Venezuela y PDVSA
El anuncio llega luego de que el FMI anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades locales.
Se sigue sancionando cualquier reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y la firma estatal.
El gesto de Estados Unidos a Venezuela
La licencia general 58 anunciada por el Departamento del Tesoro exime de las sanciones existentes a figuras como bufetes de abogados, consultorías o asesorías financieras.
Asmismo, les permite entablar un diálogo con las autoridades del país caribeño de cara a preparar el terreno para la futura reestructuración de sus pasivos.
Los servicios nuevamente autorizados incluyen "la evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados".
No obstante, el documento aclara que por el momento se sigue sancionando cualquier reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.
La concesión de esta licencia llega 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas.
Sin embargo, tanto el ente multilateral -el cual indicó que aún resta un largo proceso técnico para que Caracas acceda a instrumentos de financiación-, como acreedores soberanas o bancos comerciales, no tienen aún vía libre de Washington para llevar a cabo operaciones relacionadas a reestructura los déficits de las cuentas públicas venezolanas sin ser sancionados.
Panamá busca salir de la lista negra de la UE
El Gobierno panameño impulsa una ley que pena con un impuesto del 15% sobre la renta bruta generada en Panamá a las empresas multinacionales que no demuestren su actividad económica en el país, como parte de los esfuerzos para salir de la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.
El proyecto de ley, conocido como de sustancia económica, será la única materia de discusión durante las sesiones extraordinarias de la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), convocadas por el presidente panameño, José Raúl Mulino, del 4 de mayo y al 4 de junio próximos.
La iniciativa modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuestos sobre la renta y establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, entre otros, con el objetivo de fortalecer el régimen tributario nacional, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El ministro de la cartera en mención, Felipe Chapman, afirmó que la aprobación de esta ley es el elemento "más importante" de los que exige la UE para sacar a Panamá de su lista de jurisdicciones que no cooperan a nivel tributario, el único listado del bloque en la que permanece el país centroamericano.
Es por ello que, Champan considera que si esta ley es aprobada "en buena forma" por el Parlamento, el país podría salir de ese listado de castigo en la próxima revisión que harán los ministros de Economía del bloque europeo, en octubre, o a más tardar en la siguiente, en febrero de 2027.
"Nosotros hemos mantenido una conversación continua con la Unión Europea. No siempre estamos de acuerdo. Llevamos nuestros puntos de vista y los defendemos", como por ejemplo el principio de territorialidad en materia impositiva que aplica Panamá, "que no es negociable", afirmó Chapman.
El principio de territorialidad en materia tributaria establece que un Estado solo grava los ingresos o actividades económicas generados dentro de sus fronteras geográficas.
Al explicar los fundamentos de la iniciativa, el jefe del MEF dijo que se busca que las multinacionales "que operan bajo el régimen jurídico de Panamá logren demostrar sustancia económica, es decir, que logren demostrar que realmente existen en Panamá, aunque sea en una forma pequeña, que tengan empleados, que tengan gastos".
El impuesto del 15% sobre la renta bruta generada en el país "no es un inventó de Panamá, sino un estándar global que ha dado resultados", exclamó Chapman a los periodistas, en el marco de un evento con inversionistas venezolanos.
Tanto las multinacionales instaladas en el país como aquellas que tienen interés en hacerlo "han pedido que Panamá emita una legislación de esta índole", porque permitirá "eliminar, en alguna medida, sanciones que estas ya reciben en sus países sede y también fricciones, sobre todo financieras", dijo el alto funcionario.
A las compañías que ya están en el país, esta norma "les reduce los costos de operar en Panamá con el resto del mundo", y por otra parte, "abre el espacio para que nuevas empresas que han mostrado interés en venir a Panamá estén en capacidad de ingresar", añadió el ministro panameño de Economía y Finanzas.
Temas